14
abr

Responsabilidad de administradores por deudas sociales…

Escrito el 14 abril 2014 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

De nuevo, nuestro amigo Josu Ibarzábal, socio de CIALT, nos trae una interesante Sentencia, la nº 733/2013 del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 4 de diciembre de 2013.En esta ocasión sienta doctrina el más alto tribunal, a través de su ponente, D. Ignacio Sancho Gargallo,   en un asunto de especial relevancia en los tiempos que corren, como es la responsabilidad de administradores por deudas sociales. En concreto, versa la Sentencia sobre una demanda de responsabilidad interpuesta contra los administradores de una sociedad que incumplen el deber de promover la disolución, a pesar de encontrarse el patrimonio social por debajo de la mitad del capital con motivo de las pérdidas. A propósito de dicha circunstancia el Tribunal Supremo deja claro, por un lado, que todos los consejeros (siete son los demandados en este caso) responden solidariamente de las deudas reclamadas por los demandantes, porque todos ellos ocupaban el cargo durante la causa de disolución sin poner remedio al respecto y, por otro lado, aclara una cuestión algo más controvertida en la práctica como es, la posible exoneración de responsabilidad (y desestimación de la acción de responsabilidad) en aquellos casos en los que el demandante tuviera conocimiento previo de la situación económica de desequilibrio patrimonial o de insolvencia.

 

Pues bien, a dicho respecto deja claro el Magistrado ponente que, sin perjuicio de que en determinados casos pueda llegar a entenderse que la acción de responsabilidad por un acreedor constituye un acto contrario a buena fe (como en la Sentencia de 1 de marzo de 2001, en que el acreedor que ejercitaba la acción era socio y había sido administrador de la sociedad en el momento en que se generó el crédito reclamado, o en la sentencia 395/2012, de 18 de junio , en que quien ejercita la acción es un coadministrador que además tenía el 40% del capital social), el mero conocimiento de la situación de crisis económica o insolvencia de la sociedad al tiempo de generarse su crédito no priva de legitimación al acreedor para ejercitar la acción de responsabilidad. Sería necesario, en resumen, acreditar la mala fe del reclamante para exonerar de responsabilidad a los administradores no siendo suficiente con demostrar que tenían un mero conocimiento de la situación económica debilitada del deudor”.

 

3
feb

Sobre retribución de administradores…

Escrito el 3 febrero 2014 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

Damos hoy las bienvenida, de nuevo, a Josu Ibarzábal, nuestro amigo que tanto nos ilustra sobre cuestiones societarias y que hoy nos va a hablar sobre retribución de administradores; os dejo con él, gracias Josu!!!

“Aprovechando el espacio en este Blog que me brinda mi amiga Pilar, quería compartir con vosotros una Sentencia que me ha parecido tremendamente interesante y muy útil para aquellos casos en los que toca afrontar los cada vez más habituales conflictos de socios. Se trata de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2013, que versa sobre una S.L. en la que uno de esos socios fue nombrado administrador y en cuyos Estatutos se establecía que el cargo de administrador era gratuito. En dicha S.L. todos los socios, incluido el demandante, acordaron abrir una oficina y poner al administrador al frente de la misma percibiendo éste una remuneración por su trabajo, si bien no firmó un contrato de alta dirección ni de prestación de servicios.

 Así las cosas, habiendo cobrado el Administrador la remuneración desde el 2002, en 2005 comenzaron las disensiones con dicho socio-administrador, ejercitando el socio demandante dos acciones: (1) acción social de responsabilidad contra el administrador reclamando las cantidades percibidas por considerar que su pago constituía un daño para la sociedad al ser contrario a la previsión de gratuidad de los estatutos y no haberse adoptado por la junta de socios un acuerdo autorizando una relación de prestación de servicios como exige el art. 67 de la LSRL y (2) la impugnación del acuerdo de la junta de socios de 2008 en el que se aprobó la retribución del Administrador que había recibido en 2007 y se fijó la del año 2008.

 Pues bien, a la vista de dicha demanda, el Tribunal Supremo rechaza las pretensiones del socio demandante por entender que -si bien es necesario que conste en los estatutos sociales el carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución y, de no ser así, es necesario que dicha retribución la perciba el administrador por la concurrencia de lo que la STS de 19 de diciembre de 2011 denomina «elemento objetivo de distinción entre actividades debidas por una y otra causa» (es decir, por desempeñar una serie de funciones y trabajos distintos a las funciones de gestión, administración y representación de la sociedad, propias de su condición de administrador)-, en este caso, debe prevalecer la “doctrina de los actos propios y el conocimiento y consentimiento continuado por parte del socio demandante del pago de una retribución al administrador.”

En concreto, el más alto tribunal resalta «el conocimiento y consentimiento del actor hasta el año 2006 de esa situación, situación a la que se avino y toleró» y considera que, no habiéndose producido el cambio de circunstancias, la actuación del socio demandante al exigir la devolución por el administrador de las cantidades percibidas e impugnar los acuerdos sociales que justificaban las retribuciones de los últimos dos años, vulnera la prohibición de ir contra los propios actos. Para el Supremo “esta solución no contraría la finalidad de transparencia e información de los socios sobre el régimen de retribución del administrador puesto que esa retribución fue plenamente conocida y consentida por todos los socios, y concretamente por el demandante, durante varios años”.

31
ene

Los lectores más jóvenes probablemente desconocen el origen de la polémica, que se retrotrae al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989. El supuesto de hecho de partida es la posibilidad de que una sociedad íntegramente participada sea absorbida por su socio único. En el marco legal definido en el referido Texto Refundido, dicha operación aparecía expresamente regulada en el apartado de las fusiones y escisiones. Concretamente se establecía en un artículo específico que requisitos propios de las fusiones no eran exigibles cuando la sociedad absorbente era titular del 100% del capital de la absorbida (lo cual tiene su gracia, porque en ese texto legal la sociedad unipersonal como tal no estaba regulada). Pero lo cierto es que el mismo Texto refundido, en sede de la regulación de la disolución de sociedades, establecía una enigmática coletilla en un precepto relativo a la disolución, en el sentido de que la disolución implicaba la apertura del proceso de liquidación salvo en los casos de fusión, escisión “u otros supuestos de cesión global del activo y el pasivo”. La Ley de Sociedades Anónimas no contemplaba tales otros supuestos, pero esa puerta entreabierta dio lugar a que se llevasen a cabo operaciones en las que una sociedad íntegramente participada acordaba su disolución y la cesión global de su activo y su pasivo en favor de su socio único, sin seguir el procedimiento establecido para la fusión impropia o de sociedad íntegramente participada. En este limbo vino a terciar la DGRN con una Resolución en la que admitía el citado procedimiento, siempre y cuando se llevasen a cabo anuncios y se dejasen transcurrir plazos de oposición similares a los de la fusión, en garantía de los derechos de los acreedores. Este régimen de facto se vino aplicando desde entonces, configurando un proceso alternativo a la fusión de filial íntegramente participada. Las ventajas de este procedimiento consistían en que no requería la elaboración de un proyecto ni su depósito y tampoco precisaba balances de fusión. El inconveniente fundamental radicaba en que no se podía fijar una fecha de efectos contables, cosa que la fusión si permitía.

Este marco indefinido vino a concretarse algo más con la reforma societaria de 1995 y 1996. (Ley de Sociedades Limitadas y Reglamento del Registro Mercantil). En dicho proceso de desarrollo normativo la operación accedió a la LSRL y al RRM, confirmando la necesidad de publicar anuncios y conceder el derecho de oposición a los acreedores, pero se confirmaba de modo expreso la coexistencia de dos vías similares para llevar a cabo el mismo proceso sustantivo (la absorción de los activos y pasivos de una filial 100% que se extingue).

En el último trimestre del año 2001 se produjo un número anormal de operaciones de cesión de activos y pasivos, La razón de tal incremento fue una modificación del régimen fiscal especial aplicable a las fusiones, en particular una importante restricción en lo referente a la deducibilidad del fondo de comercio financiero que aflora en la absorción de una sociedad íntegramente participada. Puesto que la nueva normativa era aplicable a operaciones inscritas en el registro a partir de 1 de enero de 2002, se hacía imprescindible completarlas antes de 31 de diciembre de 2001 y dado que el texto del proyecto de reforma se conoció en octubre, en muchos casos los plazos para una fusión eran inasumibles y la única alternativa para la absorción era la cesión global de activos y pasivos. Pues bien, en ese marco de multiplicación de las operaciones, se produjo la calificación del Registro Mercantil de Barcelona de la que se derivaba que, cuando las dos sociedades que participaban en el proceso eran anónimas, y dado que la Ley de Sociedades Anónimas no regulaba específicamente la operación de cesión de activos y pasivos, la única vía para la absorción de una filial íntegramente participada era la fusión, ya que el trasfondo económico de la operación era único. Las operaciones en las que intervenían sociedades limitadas quedaron a salvo de dicho criterio, por cuanto que aparecían específicamente reguladas en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Este nuevo estatus se mantuvo inalterado hasta la entrada en vigor de la Ley de Modificaciones Estructurales en el año 2009. Cuando el legislador decidió regular en una norma separada determinadas operaciones societarias, la cesión global de activos y pasivos adquirió por fin carta de naturaleza normativa plena y con rango de ley, en con reto en los arts. 81 al 91 de la citada norma. Asimismo se reguló la absorción de sociedad íntegramente participada –como supuesto especial y simplificado de fusión- en su art. 49. Comoquiera que en el nuevo desarrollo normativo se contemplaban tanto como la cesión global de activos y pasivos como la absorción por fusión, y aún cuando el procedimiento para ambas se hizo más homogéneo (básicamente por la introducción del proyecto de cesión y su depósito obligatorio), parecía claro que se consagraba la existencia de dos procesos societarios diferentes para llevar a cabo la absorción. Y en estas estábamos cuando los titulares del Registro Mercantil de Barcelona emitieron la siguiente opinión jurídica a través de la calificación del depósito de un proyecto de cesión en el que la cesionaria era socia única de la cedente:

 

Habida cuenta que, la operación a que se refiere el presente proyecto, consiste en la extinción de la sociedad “XXX, SA” transmitiendo en bloque todo su patrimonio a la sociedad “ YYY, SA” titular de todas las participaciones sociales (sic), la misma queda fuera del ámbito de aplicación de los artículos 81 al 91 de la Ley 3/2009, de 3 de Abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, de conformidad con lo revenido en el artículo 53 de la citada Ley, que asimila dicha operación a la fusión. En consecuencia el proyecto deberá reunir los requisitos previstos para las fusiones de sociedades directamente participadas al ciento por cien. (Artículo 27 y 53 de la Ley 3/2009 de 3 de Abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, y 226 del Reglamento del Registro Mercantil).

La controversia se suscita por la contradicción aparentemente existente entre estos dos preceptos de la Ley de Modificaciones Estructurales:

Artículo 81 Cesión global de activo y pasivo

1. Una sociedad inscrita podrá transmitir en bloque todo su patrimonio por sucesión universal, a uno o a varios socios o terceros, a cambio de una contraprestación que no podrá consistir en acciones, participaciones o cuotas de socio del cesionario.

2. La sociedad cedente quedará extinguida si la contraprestación fuese recibida total y directamente por los socios. En todo caso, la contraprestación que reciba cada socio deberá respetar las normas aplicables a la cuota de liquidación.

Artículo 53 Operación asimilada a la fusión

También constituye una fusión la operación mediante la cual una sociedad se extingue transmitiendo en bloque su patrimonio a la sociedad que posee la totalidad de las acciones, participaciones o cuotas correspondientes a aquélla.

Es evidente que la postura de los Registradores de Barcelona, en línea con lo planteado en el año 2002, es que no tiene sentido que haya dos procedimientos para la misma operación económica, pero lo cierto es que el subrayado que hemos incluido al transmitir el primero de los preceptos pone en duda dicha conclusión.

Continuará…

13
ene

Empezamos el año en el Blog Cervelló con el mismo tema que lo terminábamos: mediación y arbitraje. Me parece muy interesante traer a colación la RDGRN de 25 junio de 2013 (BOE 26 de julio 2013) en la que se aborda la posibilidad de que en estatutos pueda incluirse una cláusula que establezca que las diferencias que puedan tener los administradores deban resolverse mediante procedimientos de mediación y/o arbitraje.

Se trata de un cláusula genérica que nada impide que. ante un conflcito determinado, el mediador o el árbitro consideren que el referido conflicto no puede ser solucionado meiante estos procedimientos. Por ejemplo sería el caso de suspuestos de responsabilidad penal de administradores etc.

Consideramos muy acertada esta Resolución que ratifica lo que sabíamos hasta el momento y que encaja con lo establecido en la vigente Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y su recientísimo RD de desarrollo.

 

 

19
dic

LAS PREGUNTAS COMPLEJAS Y LA DOBLE NEGACIÓN

Escrito el 19 diciembre 2013 por Juan Carlos Olarra en General

Una de las enseñanzas del inglés que más nos suele asombrar cuando comenzamos a familiarizarnos con dicha lengua es la interdicción de la doble negación. Para enfatizar lo incorrecto de esa construcción, algunos profesores suelen exagerar hasta el extremo de sostener que un inglés nativo interpretará una doble negación en el sentido de una afirmación. En realidad no es así, y los británicos simplemente identificarán un mal uso de su idioma. Pero lo cierto es que las construcciones con una doble negación son difíciles de encajar en cualquier escenario.
Viene esta disquisición a cuenta de la pregunta o cadena de preguntas que, al parecer, pretende el Gobierno Catalán someter a la consideración de los ciudadanos de esa región el próximo nueve de noviembre. Porque primero preguntarán si el votante está a favor o en contra de que Cataluña sea un estado y, después si a favor o en contra de que dicho estado sea independiente. Parece que en la lógica se plantean tres posibles actitudes de quien vote algo distinto de un doble voto en blanco. La primera, ser favorable a que Cataluña sea un estado y además un estado independiente. Como diría un castizo, lo que viene siendo el clásico voto independentista o secesionista de pura cepa. La segunda consistiría en votar a favor de que Cataluña sea un estado, pero en contra de la independencia del mismo. Esto es como para hacérselo mirar. O es la típica ambigüedad calculada del nacionalista que quiere sacar ventaja del todo sin poner de su parte, o se trata de un caso de soberana empanada mental que busca las referencias habituales de Puerto Rico, las Islas Feroe o alguna otra cuyos orígenes absolutamente diferentes justifican tal singularidad y que, en cualquier caso, son estados sui generis. La tercera opción de quien vote en el famoso referéndum o consulta es la de votar en contra de que Cataluña sea un estado, en cuyo caso parece que no debe pronunciarse sobre la segunda pregunta. Pero como el papel lo aguanta todo y en la escasez ningún grano está de más, se plantea en qué bando o secta se deberían computar los votos de la doble negación, contra el estado catalán y contra su carácter independiente. Los escamots de Junqueras enseguida han sugerido que tales votos deben ser declarados nulos por incongruencia interna. A nadie se le escapa que sólo algunos de quienes están frontalmente en contra de la independencia de Cataluña serían capaces de votar de tal manera, así que los separatistas quieren sacar esos votos de la urna por el procedimiento de urgencia. Pero lo cierto es que, en buena lógica la doble negación en este caso no plantea problemas de interpretación. No se desea un estado catalán y. si éste llegare a existir, no se quiere que sea independiente ¿ven qué fácil? Golpe de castigo a los secesionistas.
Ahora bien el voto que habría que analizar detenidamente como fenómeno sociológico, porque sobre el papel es posible, sería aquél de quienes se muestran contrarios a la existencia de un estado catalán pero favorables a su independencia. En primer lugar podría entenderse que se trata de personas con alguna patología de la personalidad o simplemente faltas de un mínimo raciocinio. Pero puestos a elucubrar, y ya que yo no he formulado la pregunta, permítanme sugerir dos interpretaciones de este voto NO pero Sí. La primera es la de puro cachondeo. Ya que un gobierno regional ha decidido derrochar tiempo y dinero de los ciudadanos en una maniobra inútil, la forma más evidente de simular una sonora pedorreta es la de emitir un voto propio del mismísimo Miguel Miura (no queremos estado pero sí un estado independiente…). Una segunda explicación para un voto de ese tipo, también enmarcada en la racionalidad, sería la de aquéllos catalanes que no desean separarse de España pero que entienden que, si se desea un estado propio, entonces que sea con todas las consecuencias: un estado independiente, fuera de la UE, con una nueva moneda, fuera de la OTAN … Suponemos que los catalanes que votasen de esta manera se verían abocados a abandonar su tierra al día siguiente de la famosa independencia.
En fin, por otra parte las preguntas tramposas en las consultas populares no son novedad. En 1986 el gobierno socialista formuló a los españoles una pregunta sobre la OTAN sujeta a tres condiciones cumulativas, contradictorias ideológicamente entre sí, con el fin de ampliar al máximo la fila del pasillo de los síes. Con el jueguecito estuvimos a punto de quedar fuera de la alianza atlántica..Pues bien, de igual modo los responsables políticos catalanes tendrán que asumir las potenciales consecuencias de realizar preguntas tramposas ¿No será que les asusta conocer de verdad la voluntad de los ciudadanos?

16
dic

The Prestige Case in International terms

Escrito el 16 diciembre 2013 por Elvira Torres en General

The Prestige judgment has condemned Spanish society to the silence and the acceptance of what happened time ago.  In order to remember the facts, it is necessary to summarize in a theatrical way what Spaniards have imagined after reading newspapers of the previous facts before the Prestige was shipwrecked.

“Captain: I am a Captain of a ship called Prestige with more than 80.000 tons of oil. It is almost wrecked. I wait for instructions. Will I enter in the A Coruña harbour?

Marine authority (likely advised by certain politician charges and some Secretaries): Go away! I don’t let you enter here with all this mess.”

 The problem was at the end that “this mess” was expanded around the North of Spain as well as to France with millions of losses in tourism, and in economy, with irreparable damages for environment.  A mist has arisen through the case under the light of criminal law, even though the correct legal path seems to be the civil one. According to Spanish regulation insofar as no criminal offence has been found, there is no civil responsibility in the criminal proceedings to be held. In this regard, no civil responsibility has arisen on the basis of criminal offence, because no criminal offence was found, so even, civil responsibility must be examined in another procedure. Therefore, it is necessary to change of jurisdiction and following an objective accountability system, and issue the shipowner or/and his insurer, with the must to claim compensation to them as well as the IOPC Funds (International Oil Pollution Compensation Funds).

On the other side, under International Law several changes have been made after Prestige case and other environmental disasters, in order to make ships safer. Even though this evolution does not change the accountability of the accused in the Prestige case, a positive tendency has been developed to protect the sea environment from the oil pollution from ships under International Law. Indeed, the Convention known as MARPOL has developed through different Annex certain prohibitions to avoid pollution, such as the double-hull and double-bottom requirements (Annex I), control to discharges (Annex II), packaging harmful substances (Annex III), control of discharge of sewage into the sea (Annex IV), disposal of garbage from ships (Annex V), and concerning air-pollution (Annex VI). Particularly, the Prestige changed the Annex I imposing the double-hull and double-bottom requirements.

In conclusion, the Prestige case in Spain has motivated the change of International regulation, avoiding future disasters similar to this one. Nevertheless, the criminal procedure before the Court called Audiencia Provincial- in spite its long judgment- has been a failure, so the civil procedure needs to be opened in order to claim compensation to the shipowner, his insurer and the IOPC Funds.  Instead, civil proceeding keeps going after the criminal one, compensation will therefore need more time to be achieved in this new legal framework; while Spanish society seems to be anxious to know the implication of politician in this environmental catastrophe, and so exhausted for waiting answers.

16
dic

Mediation & Contract Governance

Escrito el 16 diciembre 2013 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

Hoy os quiero presentar a un nuevo colaborador del blog Cervelló. Su nombre es Luis dos Santos, antiguo alumno del IE, abogado de IBM Europa y recien aterrizado de IBM New York. Luis es experto en negociación contractual y un apasionado de la negociación y la mediación. Le he pedido a Luis que escriba en inglés, al ser este el idioma en que negocia. Os dejo con este post suyo que hoy nos regala sobre Mediación y Contract Gobernance. BIENVENIDO LUIS Y MIL GRACIAS!!!

“Contract governance provides the framework for pro-actively managing the parties relationship. To this effect the contract should reflect a contract governance plan, specifying roles and responsibilities, the relationship management structure, decision making process, and process for escalating disputes, as appropriate.

This plan provides detailed and much expanded operational and management interface obligations, i.e. organization charts, framework for reports and meetings, operational authority and delegation, detailed descriptions of the roles and responsibilities of each party, and business office governance processes.

Within a contractual relationship there is a portfolio of capabilities that can be leveraged to produce value. To this effect it is important to gain agreement on both parties relationship vision. This can allow behaviors on both sides of the equation to align with what is needed for success and can go far in reducing tension and conflict over time. In addition, experience tells us that one of the primary causes of relationship conflict and dissatisfaction is the expectation gaps that exist between the parties. The relationship alignment process calls for jointly setting expectations at the onset of the relationship and then monitoring and adjusting them over time as needed. When expectation are aligned and conflicts are used as a source for value creation, not destruction, both parties satisfaction will be positively effected.

In order to implement this conceptual view, there are many and tested options to structure an efficient and workable contract governance model.

Generally, due to the modest governance provisions, technical complexity nature of the dispute, value of potential damages, corrosion of the overall relationship, personal emotions, etc…, the internal escalation process is not a viable solution to address the contractual disputes. In this case, although the parties are willing to settle the disagreement, by compromise or other means, they recognize that they may not be able to resolve the dispute by dealing directly with each other. Therefore, they select a neutral third party who will help them to resolve their dispute trough a mediation process.

At this time Alternative Dispute Resolution (ADR) provisions come into play by governing the process to resolve disputes without going into the classic courtroom setting. By far, the most common form of ADR is still arbitration.

While arbitration is a valuable contract dispute resolution method, it is not a panacea. Contrary to common belief, arbitration is not always less costly than litigation; and, there are serious downsides for this form of dispute resolution. For one, it does not necessarily eliminate discovery (the costly procedure whereby the disputants must make all of their documentation available for review and copy). Additionally, under arbitration, there is no provision to appeal a “bad decision’ and the process can be very expensive.

Given the less than perfect arbitration ADR process, owners and contractors are looking for something better — a process where the disputants (rather than the lawyers) maintain control of the process, the costs and the outcome. Mediation, a here-to-fore little explored alternative dispute resolution technique is growing in popularity, based on the tested effective results achieved with this process.

By exploring the strengths and weaknesses of each party‘s position and acting as an intermediary, the mediator provides an objective point of view and defuses parties’ emotions. The parties may reveal confidential information and settlement positions to the mediator during private, ex parte, caucuses. At appropriate times, the parties authorize the mediator to transmit settlement offers; a dialogue between the parties is established trough the mediator. The end result is usually a settlement.

If fact all organizations, experience conflict at one time or another in the process of contractual relationships. Conflict is not necessarily bad, abnormal, or dysfunctional; it is a fact of life. Disputes are not inherently destined to follow a negative course: conflict can lead to growth and be productive for those who are involved. Whether this happens often depends on the participants ability to devise efficient procedures for cooperative problem solving, on their capacity to lay aside distrust and animosity while they work together on resolving their conflict, and on the availability of solutions that will at least partially satisfy all of the parties’ interests.

In this context mediation can be even more than just settling cases; it could be a transformative process, by presenting the mediation process as a theoretical framework for understanding conflict, based on valuing both personal strength and understanding of others’ interests. In this context, mediation lets the parties decide their own outcome and settlement. This method works well if the parties decide to mediate right away, before filing a court action and before each side has dug in their heels and established their “demands.” If they can’t agree on a settlement after a good-faith negotiation with the help of a neutral mediator, they can still go to court”.

 

9
dic

Responsabilidad de administradores

Escrito el 9 diciembre 2013 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

Hoy quiere comentar en el blog Cervelló nuestro amigo Josu Ibarzábal, recien nombrado Socio de Mercantil de CIALT Asesores (MUCHÍSIMAS FELICIDADES, JOSU!!).

Quiere compartir con nosotros ” la Sentencia del Tribunal Supremo 5186/2013, de 15 de octubre, en la que se resuelve sobre la procedencia o no de una demanda de responsabilidad contra los administradores de una Sociedad al hallarse incursa en causa de disolución por pérdidas y no haber cumplido éstos con su deber de convocar la Junta de Socios para disolver o, en su caso, acordar la remoción de dicha causa de disolución. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, lo peculiar del caso radica en que dicha Sociedad había sido declarada en concurso de acreedores y se encontraba inmersa en la fase de cumplimiento del Convenio con los mismos.

 Ante dicho escenario el más alto tribunal se pronuncia sobre tres aspectos. Por un lado, y una vez más, sobre la improcedencia de extender el concepto de “sanción” a la responsabilidad prevista en el art. 262.5 TRLSA (en la actualidad en el art. 367 LSC) conforme a la doctrina contenida en la STC 164/1995, de 13 de noviembre. Por otro lado se detiene en la procedencia o no de exigir el crédito derivado del ejercicio de la acción de responsabilidad civil a los herederos de uno de los administradores fallecido afirmando que el crédito reclamado que no se extingue por la muerte del obligado responsable, sino que es susceptible de sucesión y, por ello, podría formar parte del caudal hereditario. Finalmente, y en cuanto a la cuestión que da origen al litigio, afirma que, una vez declarado el concurso de acreedores, durante su vigencia no es posible que nazca el deber legal de disolver y, consiguientemente, la responsabilidad por no hacerlo prevista en el art. 262.5 TRLSA (vigente 367 LSC). Sin embargo, respecto de este último punto hay que tener en cuenta que no significa, lógicamente, que los administradores puedan ser eximidos de su responsabilidad en la que podía haber incurrido por falta de disolución antes de la declaración del concurso, si bien -aclara el Tribunal- dicha responsabilidad decae si la causa de disolución se produce durante la fase de convenio del procedimiento concursal”

Muchas gracias, Josu!!!

 

 

5
dic

VIII PREMIO CERVELLÓ CONVOCATORIA

Escrito el 5 diciembre 2013 por Pilar Galeote en General

Un año más por estas fechas, anunciamos la convocatoria del VIII PREMIO CERVELLÓ DE DERECHO DE LOS NEGOCIOS. Os animo a todos a participar!!! El premio es muy suculento, el jurado de altísimo nivel y el tema no puede estar de más actualidad: la ley de emprendedores. Os adjunto las bases. Convocatoria del octavo premio José María Cervelló de Derecho de los Negocios

 

11
nov

Human Rights and business: a new approach

Escrito el 11 noviembre 2013 por Elvira Torres en General

Is it worthy to invest in countries which respect Human Rights?

The Human Rights regulation has been expanded through the universal and regional legal systems. Even though the United Nations does not have any tribunal, which may know international human rights cases, the Committee on Human Rights and the Human Rights Council try to cover this subject. On the other hand, the regional systems have dealt with the new challenges of this century. For example, the disappearances of Salvador, the stolen children in Argentina, the massacres in Guatemala, or the treatment of prisoners in Mexico. The question of human rights is not only part of the Western culture within their Constitutions. It is a question of development.

Indeed, the 20th century may be seen as the century of the Human Right legal order construction on the basis of the inherent dignity that belongs to every individual. After what this century has brought, the Human Right system development grants an effective and real protection to citizens. However, there is now a new challenge. The human rights are associated to States but not to private agents or actors. This point seems not to be relevant in Western countries with strong democracies, but it is not like that in every place. One of the best examples is Africa. The lack of conscience of the investors linked to the generalized corruption turned certain countries into dictatorial regimes under multinationals. A change of mentality is necessary. In this regard, not only citizens from developed countries should demand more control of these multinationals, but also the own companies should change their mentality. Hence, the new challenge – the real implementation of Human Rights through private actors- should be highlighted.

The Human Rights defense is not inefficient or ineffective. The promotion of these rights does not lack the development or the benefits profit of companies. A country with a real implementation on human rights guarantees better their civil or commercial rights, as well as legal certainty. Let´s move on to Venezuela, which has decided to abandon the Inter-American Court. Venezuela is a country when there is no legal certainty. Likewise, the future of companies in Venezuela depends on the daily decision of its government. Investors do not want to invest there, because such investors can lose easily their assets with horrible consequences for the Venezuela development. Whether there is no right to fair trial in a State, a company will not be able to invoke it in a commercial conflict. At the end, the dismissal or success of the case in Court would depend on the affinity of this company to the current government. No legal certainty is applicable here.

In conclusion, Human Rights are not a tool for citizens with electoral purposes, or for NGOs. It is also a way to increase benefits, because the implementation of human rights implies the development of a better society, as well as efficient legal systems with more legal certainty. Therefore, investing on human rights is investing on a long-term sustained project. In this order, no longer a commercial or civil contract would be annulled without the rule of law, or the right of property would be taken without the proper compensation. That is, investing on countries which respect Human Rights is worthy in the long-term. Then, it is the time for a new behaviour of the 21th century multinationals.

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