6
jul

HERÁCLITO Y LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

Escrito el 6 julio 2015 por Juan Carlos Olarra en Derecho y RSC

El oscuro de Éfeso utilizó la frase antitética “En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos” para sintetizar con el peculiar estilo que le hizo merecedor de ese sobrenombre, el principio de su filosofía según el cual el cambio continuo de las cosas, producto del enfrentamiento de contrarios, es lo que explica el mundo en su totalidad. Casi veinte siglos tardaría Hegel en recuperar una línea de pensamiento parecida, que luego sería retorcida por Marx en su diamat y de ahí… bueno, vamos a dejarlo.

El propósito fundamental de esta entrada es llamar la atención de los lectores sobre los nuevos cambios realizados en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, cuyo texto definitivo entrará en vigor el 23 de julio. En efecto, la disposición final decimocuarta modifica un buen puñado de artículos del testo regulador de las sociedades mercantiles, en materia de convocatoria forzosa de juntas generales, nombramiento de auditores, nombramiento y separación de liquidadores, interventores, convocatoria de la asamblea de obligacionistas y, de forma especialmente llamativa, en cuanto a la reducción de capital forzosa por falta de enajenación o amortización de acciones o participaciones propias. Por lo tanto una vez más nuestro marco de regulación de las entidades concebidas para el desarrollo de la actividad económica vuelve a cambiar, siendo y no siendo el mismo. Lo único malo de este ir y venir de modificaciones es que uno no está tan seguro como lo estaba Heráclito de que exista detrás un logos que lo ordene y coordine debidamente.

Por otro lado, no dejéis de echar un vistazo al procedimiento especial de jurisdicción voluntaria para la exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad (art. 112 y ss), que seguro nos hará pasar unos ratos inolvidables.

En fin, ya tenemos lectura para el verano…

3
jul

¿GOLPE DE ESTADO EN EE.UU.?

Escrito el 3 julio 2015 por Juan Carlos Olarra en Derecho y RSC

Esa es la conclusión a la que llega de forma explícita uno de los cuatro magistrados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América que se oponen y formulan votos particulares (disenting opinions) a la sentencia OBERGEFELL v. HODGES, más conocida como la resolución que legaliza las bodas entre personas del mismo sexo. Merece la pena dedicar un tiempo a la lectura de la sentencia, respaldada por cinco magistrados y especialmente merece la pena leer detenidamente los cuatro votos particulares.

Esta sentencia pasará a los anales de la historia como otras paradigmáticas de la introducción del reconocimiento de derechos por vía del amparo judicial, como ocurrió antaño con Roe v. Wade, la resolución que legalizó el aborto en los Estados Unidos. Pero la razón por la que la traigo hoy a esta tribuna no es su contenido material -reconocimiento con rango de derecho constitucional de las bodas entre personas del mismo sexo- como la trascendencia jurídico-política de la forma en que se han desarrollado los acontecimientos.

Los análisis periodísticos de urgencia ya han simplificado el debate en términos de que la mayoría “progresista” se ha impuesto a los “conservadores” contrarios a reconocer la igualdad de gays y lesbianas y todo esto culmina con la fachada de la Casa Blanca iluminada con la bandera arco iris. Nada de esto me parece interesante. El verdadero debate, que se aprecia con claridad si se contrasta la opinión de la mayoría con los cuatro votos particulares, es si esta sentencia significa subvertir los principios esenciales del sistema político de los Estados Unidos de América, afectando de manera irreversible al más básico de los principios democráticos, cual es la capacidad de los ciudadanos de organizar su propia existencia a través de las instituciones de gobierno que se han procurado.

La tesis de los magistrados disidentes, expuesta con estilos diferentes según sus perfiles (Exhaustivo Roberts, incisivo Scalia, histórico Thomas y técnico Alito) es que los magistrados de la mayoría han irrumpido abruptamente en un proceso políticos constitucional que se llevaba desarrollando a lo largo de muchos años en diferentes estados (desde el primer reconocimiento de bodas entre personas del mismo sexo en Massachussets en 2003) y que han usurpado tales funciones a las cámaras de los estados e incluso a los ciudadanos que han votado en referendos, en diferentes sentidos, y han impuesto una decisión política sobre la artificiosa creación de un derecho constitucional inexistente en la XIVª Enmienda.

Lo cierto es que la opinión de la mayoría, además de un estilo innecesariamente lírico con alusiones superfluas a circunstancias personales de los demandantes (¿Qué importa que uno de ellos sea un militar que ha prestado servicio en zona de combate?) adolece de serias carencias de técnica constitucional, de manera que no se sabe si la resolución se basa en la aplicación de la cláusula de igualdad de tratamiento o en la de procedimiento debido para la limitación de las libertades. Un párrafo de la sentencia reconoce abiertamente esa indefinición y deja abiertas ambas posibilidades, en una suerte de “escoja usted la que prefiera” lo cual es realmente sorprendente.

Los votos particulares, especialmente Roberts, subrayan el peligro de utilizar la cláusula de proceso debido como una especie de norma en blanco que permite al Tribunal Supremo de los Estados Unidos erigirse en auténtico cuerpo de gobierno, que sustituye al legislativo y al ejecutivo, tanto federal como de los distintos estados, recordando las épocas más oscuras del llamado “gobierno de los jueces” que se concreta en una resolución de infausto recuerdo: Lochner v. New York.

Puesto que ésta es una tribuna de opinión, no eludiré mi deber de pronunciarme, y reconozco que me sumo a los cuatro votos disidentes, insisto, no tanto en lo referente al contenido sustantivo de la petición, como a la gravedad de que nueve juristas no elegidos y no responsables (unaccountable) jamás deberían usurpar el derecho de los estados y de los ciudadanos a regular su propia existencia, y menos aún a través de un procedimiento de interpretación creativa contrario a los más básicos principios del common law.

 

 

 

29
jun

Buenos días a todos, quería compartir con vosotros que, el pasado lunes 22 de noviembre, entregamos el IX Premio Cervelló de Derecho de los Negocios. Ya sabéis que el tema de este año ha sido “Deporte y ayudas de Estado: el caso especial de los clubes de futbol”. El premio recayó en Juan Jorge Piernas López, Doctor en Derecho, prof. asociado de IE Law School, entre otras instituciones académicas y que, en la actualidad, es consultor de competencia del Banco Mundial. El acto, un año más, nos sirvió para reflexionar sobre derecho y para recordar a José María Cervelló. En el acto intervnieron: Javier de Cendra, Decano de IE Law School, María del Pilar Galeote, Directora de la Cátedra Cervelló de IE Law School, Santiago Martínez Lage, Presidente del Jurado de este año y Socio Director de Martinez Lage, AllendeSalazar y Brookelman Abogados y Adolfo Suárez, Presidente de Ontier. Finalmente, el premiado nos resumió las líneas más importantes de su trabajo. Os dejo unas muestras del acto y, desde aquí, mi más sincera enhorabuena al premiado.

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9
jun

ACTO ENTREGA IX PREMIO CERVELLÓ

Escrito el 9 junio 2015 por Pilar Galeote en Cultura, Derecho y RSC, General

Buenos días a todos,
Un año más, me gustaría invitaros al acto de entrega del IX Premio Cervelló. Este año será el lunes 22 de junio a las 19,30 en el Aula Magna del IE. Os adjunto la invitación y os esperamos a todos!!
Un abrazo,

Pilar Galeote

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22
mar

Una SL unipersonal….

Escrito el 22 marzo 2015 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

Comentamos hoy una Resolución de la DGRN de 5 de febrero 2015 – BOE 2 de Marzo de 2015-, sobre una sociedad de responsabilidad limitada y unipersonal. Se plantea la negativa de una registradora a inscribir un acuerdo de traslado de domicilio social adoptado por la junta general, cuando a juicio de la registradora, no consta en la certificación la identificación de unipersonal de la sociedad y además se hace referencia a la titularidad del capital, no correspondiendo con una sociedad unipersonal.

El notario recurrente alega que “si bien la sociedad tiene carácter unipersonal, parte de las participaciones sociales en que se divide su capital social están gravadas con un derecho de usufructo, estableciéndose en los estatutos sociales que el derecho de asistir con voz y voto a las juntas general corresponde al usufructuario, por lo que el socio único no asume y ejercita mediante sus decisiones las competencias de la junta de socios, sino que la junta, como órgano colegiado, ha de funcionar con observancia de los requisitos legal y estatutariamente establecidos para la convocatoria, asistencia, constitución, información, deliberación y adopción de acuerdos; Que la referencia que contiene la certificación a la asistencia personal de todos los socios, en lugar de titulares del derecho de voto, no puede considerarse como un defecto que impida la práctica de la inscripción solicitada, pues aun en el supuesto de que efectivamente la sociedad hubiese perdido su carácter de unipersonal la contradicción por no constar en el Registro Mercantil tal circunstancia, no sería un defecto impeditivo de la inscripción (…) ”

La DGRN concede la razón al notario autorizante y no a la registradora por varios motivos, entre otros:

1.- Existen, en esta sociedad, usufructuarios con derecho de voto por lo que no puede afirmarse que sea impropio el término “junta general”. Si bien la expresión “todos los socios” no es precisa puesto que debía aludirse a “titulares del derecho de voto”, eso no quiere decir que tenga entidad suficiente para justificar el recurso interpuesto.

2.- Sigue la DGRN estableciendo que “debe tenerse en cuenta la indudable conveniencia del mantenimiento de la validez de los actos jurídicos en la medida en que no lesionen ningún interés legítimo, así como la necesidad de facilitar la fluidez del tráfico jurídico, evitando la reiteración de trámites costosos e innecesarios y que no proporcionan garantías adicionales; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que, aun practicada la inscripción, la registradora pueda hacer constar en la nota de despacho la situación de unipersonalidad que publican los asientos registrales, y el Notario autorizante subsane dicho error material, por propia iniciativa o –como acontece en este caso por tratarse de un error en la certificación de acuerdos sociales- a instancia de parte interesada, conforme al mencionado precepto reglamentario”

25
ene

Convocatoria de junta por mail

Escrito el 25 enero 2015 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

Comentamos hoy la Resolución de la DGRN de 28 de octubre de 2014 que trata un supuesto de plena actualidad. ¿Se puede usar un e-mail o correo electrónico para convocar una Junta General, en el sentido de que cumplan todas las garantías exisgidas oor la Ley? Esta RDGRN trata este tema.

La DGRN parte de la Orden JUS 3185/2010, de 9 de diciembre, al establecer que «…la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica…». En efecto, según la Resolución de 23 de marzo de 2011, esta previsión de la citada Orden «tiene como presupuesto la consideración de que, atendiendo a la finalidad de la norma del artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital, debe admitirse, con la necesaria flexibilidad, la utilización de procedimientosk telemáticos, mediante el uso de firma electrónica, en consonancia con la pretensión por parte del legislador de impulsar el uso de tales instrumentos tecnológicos también por los ciudadanos.

Sin duda alguna, el correo electrónico cumple con estas garantías porque puede asegurar la recepción individual. Además implica un comportamiento activo del socio en cuanto que debe poner en conocimiento de la sociedad una dirección de correo electrónico en la uqe se efectuarán las convocatorias.

En el caso en concreto, el registrador deniega la inscripción de parte de los estatutos donde se permitía que la convocatoria de junta se pudiera hacer por correo electrónico. La DG confirma la resolución del registrador, si bien debemos hacer unas consideraciones. Establece la DG que cuando los estatutos permitan la convocatoria por medio de correo electrónico, se debe imponer a los socios por medio de prestaciones accesorias, por ejemplo, la obligación de comunicar una dirección de correo electrónico a la sociedad. Con esto parece cumplirse lo establecio en el artículo 11quárter de la LSC. Sin embargo, un correo electronico con firma electrónica, sin más, no parece que deba admitirse porque no garantiza la recepción por el destinatario.

Ponemos en cuestión, dada la complejidad del tema, la opinión del registrador y de la DG si tenemos en cuenta que, en el caso concreto, se rechazó el sistema de convocatoria por mail, puesto que los estatutos de la sociedad establecían que la convocatoria debia dirigirse al mail que constara en el libro registro de socios y, obviamente si constaba en dicho registro, es porque el socio lo había comunicado así. Podemos plantearnos el que la confirmación de lectura es suficiente para asegurar la rececpción del mail, pero entonces podríamos hacer depender del socio la recepción o no en cuanto que éste podría no aceptar esa confirmación de lectura. En estos casos, se podría establecer en estatutos que la no aceptación de la confirmación de lectura, salvo, que el sistema la devolvira, implicaría la recepción.

Concluimos por tanto que el correo electrónico, sin más, no puede ser usado para convocar las juntas, salvo con las garantías que aseguren la recepción por el socio. En la determinación de medios para asegurar esto estará la clave para su admisión o no.

Pilar

1
dic

IX Premio Cervelló

Escrito el 1 diciembre 2014 por Sergio Sánchez en General

Un año más hacemos pública la convocatoria al IX Premio Cervelló. Este año el tema es “Deporte y ayudas de Estado: el caso especial de los clubes de futbol”… Animaos a escribir que el premio es suculento!!

Descarga las bases.

11
nov

Renuncia de administrador…

Escrito el 11 noviembre 2014 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

A pesar de que la RDGRN de 29 de septiembre de 2014 reitera lo que viene siendo doctrina reiterada, quiero hacer la comparativa de este caso con aquellos en los que el órgano de administración no es un administrador único.

En este caso objeto de la Resolución, una administradora única renuncia mediante escritura pública notificada a la sociedad de su cargo en una sociedad. El registrador suspende la inscripción porque no consta en la escritura la convocatoria de Junta que debía hacer ella misma a los efectos del nuevo nombramiento. La DGRN confirma la calificación del registrador porque, como decimos más arriba, doctrina reiterada viene exigiendo esa convocatoria, si bien no es necesario la acreditación de la celebración de la Junta.

Llamamos la atención de la aplicación de esta doctrina a los casos de  administradores únicos pero NO a los casos en los que la estructura del órgano de adminsitración fuera diferente, porque pueden existir otros administradores que sigan en el cargo con la facultad de convocarla. Este último punto es sobre el que queremos llamar la atención hoy…

 

3
nov

Sobre convocatoria de Junta…

Escrito el 3 noviembre 2014 por Pilar Galeote en Derecho y RSC, General

Es el tema de la convocatoria de junta general, el que me hace hoy traer al blog la Resolución de la DGRN de 23 de mayo de 2014. En esta RDGRN se plantean dos problemas, si bien nos vamos a fijar hoy en el primero: se trata de si, constando en los estatutos una regla específica de convocatoria, está válidamente convocada la junta cuando no se sigue dicho procedimiento en base a determinada habilitación prevista, más genérica, en otro precepto estatutario. Es decir, si bien el texto estatutario establece que el órgano de administación, cuando las acciones sean nominativas, puede sustituir el procedimiento legal por una comunicación escrita a cada accionista, la DGRN considera que en este caso no es aplicable la norma general, cuando hay una especial para los casos de convocatoria de junta -anuncios publicados en el BORME y un diario de gran circulación de la provincia-.

 

29
sep

Renuncia de administrador único

Escrito el 29 septiembre 2014 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

Hoy os trago una resolución (27 de marzo de 2014)  que, a pesar de no decir nada diferente y novedoso, refuerza la tan cuestionada forma en la que es posible la renuncia de un administrador único.

Los hechos consisten en que un administrador único notifica a la sociedad por correo certificado, a través de notario, la renuncia a su puesto y el resultado de dicha notificación es la de devuelta “por desconocido”. El administrador recurre la decisión del registrador que suspende la inscripción de la renucia, hasta la contitución de la junta general en la que se acuerde el nombramiento de los nuevos administradores. La DGRN confirma la calificación, continuando con el criterio que siempre ha establecido: no es posible la inscripción de la renuncia de un administrador único hasta que se acredite que el adminsitrador que renuncia ha procedido a convocar la junta con la referida finalidad.

Si bien la RDGRN no entra a tratar el tema de si surte efecto la renuncia presentada ante un socio mayoritario, somos de la opinión de que no puede tener efecto registral alguno puesto que el Registro no puede acreditar la identidad del socio y además la convocatoria de la junta no puede hacerla un socio, por mucho que el adminsitrador único haya presentado la renuncia ante él.

 

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