29
sep

Renuncia de administrador único

Escrito el 29 septiembre 2014 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

Hoy os trago una resolución (27 de marzo de 2014)  que, a pesar de no decir nada diferente y novedoso, refuerza la tan cuestionada forma en la que es posible la renuncia de un administrador único.

Los hechos consisten en que un administrador único notifica a la sociedad por correo certificado, a través de notario, la renuncia a su puesto y el resultado de dicha notificación es la de devuelta “por desconocido”. El administrador recurre la decisión del registrador que suspende la inscripción de la renucia, hasta la contitución de la junta general en la que se acuerde el nombramiento de los nuevos administradores. La DGRN confirma la calificación, continuando con el criterio que siempre ha establecido: no es posible la inscripción de la renuncia de un administrador único hasta que se acredite que el adminsitrador que renuncia ha procedido a convocar la junta con la referida finalidad.

Si bien la RDGRN no entra a tratar el tema de si surte efecto la renuncia presentada ante un socio mayoritario, somos de la opinión de que no puede tener efecto registral alguno puesto que el Registro no puede acreditar la identidad del socio y además la convocatoria de la junta no puede hacerla un socio, por mucho que el adminsitrador único haya presentado la renuncia ante él.

 

22
sep

Aumento de capital y orden del día…

Escrito el 22 septiembre 2014 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

Buenos días a todos! Tras el parón veraniego, reanudamos nuestros comentarios en el blog Cervelló, buenísima ocasión para hablar de Derecho y otros temas relacionados.

Os traigo hoy un tema a mi juicio muy interesante sobre aumentos de capital y convocatorias.

Se trata de la Resolución de la DGRN de 26 de febrero de 2014, en el recurso contra una denegación de inscripción de una escritura de elevación a público de aumento de capital social en una S.L. Como dato relevante hay que saber que en la convocatoria se decía que “se propone un aumento de capital de 100.000 euros mediante la creación de 100 participaciones de 60,10 euros cada una siendo el resto prima de emisión de las participaciones”. Existe por tanto un error ya que se habla de importe total, como suma de nominal y prima, pero del contexto del orden del día resultaba claro lo que se propone. Sin perjucio de que exitenten otros motivos señalados  para el recurso, hoy me quiero centrar en éste.

La DGRN considera que éste, como otros errores cometidos en este caso en el orden del día, son meros errores formales y que no “condicione, limite o impida el ejercicio de derechos individuales del socio no asistente”. Es decir que del contexto resulta que el orden del día puede ser apreciado perfectamente por los socios. Parece que esta tendencia de la DGRN ya es recurrente y que, en estos casos de errores, hemos de distinguir cuando el error no ocasiona un perjuicio para ninguna de las partes ni para terceros, que se trata de errores puramente formales que no son causa para denegar o suspender la inscripción. Destaco esta última afirmación de la DGRN, “es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente nulos” de forma que “el tráfico jurídico fluya sin presiones formales injustificadas” evitando “la reiteración de trámites que, sin aportar mayores garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las empresas”.

 

8
jul

Así fue el VIII Premio Cervelló

Escrito el 8 julio 2014 por Pilar Galeote en General

Aquí os dejo una muestra gráfica del pasado 29 de junio de 2014, día en el que se celebró, en el Aula Magna del IE ,el acto de entrega del VIII Premio Cervelló de Derecho de los Negocios. Este año el tema del premio era “Impacto de la nueva Ley de Emprendedores. Análisis crítico en el ámbito internacional”. El acto estuvo presidido por María Benjumea, Presidenta de Spain Start-up y contó con la presencia de Javier de Cendra, Decano de IE Law School, Pedro R. Rodero, Socio Director de ONTIER y María del Pilar Galeote, Directora de la Cátedra Cervelló de IE Law School. El trabajo ganador resultó ser  “An International Perspective on LAEI: Following trends” de Álvaro Herrera Gener, José María Guerra Marroquín y Luis Sancho Mañas. María Benjumea, como presidenta del jurado, destacó la importancia del emprendimiento en este momento en nuestro país y la necesidad del abogado o asesor jurídico como pieza clave para el éxito de los proyectos. Igualmente, subrayó la importancia de la implementación de las medidas legislativas introducidas en la reciente LAEI en nuestro ordenamiento.

FELICIDADES A LOS PREMIADOS!!

 

 

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18
jun

VIII PREMIO CERVELLÓ – ACTO ENTREGA

Escrito el 18 junio 2014 por Pilar Galeote en General

Buenos días a todos!! Un año más, desde la Cátedra Cervelló de IE Law School y el despacho ONTIER Hermosilla & Gutiérrez de la Roza os invitamso a todos al acto de entrega del VIII Premio Cervelló, este año sobre Emprendimiento. Esta edición contamos con la presencia de María Benjumea, Presidenta de Spain Startaup y de Adolfo Suárez Illana , Presidente de ONTIER. Os esperamos!!!! VIII invitación cervelló

4
jun

¿QUÉ REPÚBLICA?

Escrito el 4 junio 2014 por Juan Carlos Olarra en General

A nadie puede sorprender que un hecho tan insólito como trascendente cual es la abdicación del actual titular de al Corona de España genere la inmediata reacción de aquéllos que defienden la perentoria necesidad de instaurar la república como forma de gobierno (más bien de estructura de la Jefatura del Estado). Serían necios si no aprovechasen esta oportunidad, en la que resulta imperativo abordar formalmente la cuestión, legislar, regular…Puesto que es difícil que en otras circunstancias ese debate tenga lugar, visto el escaso interés que despierta entre la población.
Ahora bien, sentado fuera de toda duda que los promotores de la república tienen todo el derecho (y casi el deber) de pedir a gritos la instauración de tal sistema yo me pregunto ¿de qué república estamos hablando?
En efecto la república como forma de organización del estado se definiría en principio de forma negativa, de suerte que sería república cualquier sistema de organización política de un país en la cual la Jefatura del Estado no corresponda a un monarca y no se elija o determine de forma hereditaria. Es una definición un tanto rudimentaria, pero nos puede servir como herramienta de trabajo y, con esa base, otear, siquiera a vista de pájaro, el heterogéneo paisaje de realidades que se pueden encuadrar en el marco de esa calificación.
Podemos pensar en primer lugar en repúblicas parlamentarias, al estilo de la italiana o la alemana, en las cuales el Presidente de la República, como Jefe del Estado, elegido por las cámaras, tiene un papel de escaso peso y protagonismo político, quedando reducido a funciones de representatividad institucional y a esa facultad de moderación cuya virtualidad práctica depende finalmente de la capacidad de la persona que ocupa el cargo para ejercer su auctoritas, dado que carece de potestas. Pero también podríamos mirar hacia repúblicas de corte presidencialista, en las que el Presidente, elegido directamente por los ciudadanos, no sólo es el Jefe del estado sino que también lo es del Gobierno y lleva de forma efectiva las riendas de la nación. El paradigma de este régimen y su precursor son los Estados Unidos de América. Como en casi todo en la vida también caben formulas intermedias, en las que el Presidente de la República es elegido directamente pero sólo ejerce la jefatura del Estado, compartiendo el poder, en mayor o menor medida, con el jefe del ejecutivo (modelo de Francia o de Portugal). ¿En cuál de los sistemas mencionados están pensando los promotores de la III República? No lo sabemos (y probablemente ellos tampoco).
Pero eso no es todo. Además de formas tan respetables y admiradas como las que hemos enunciado, bajo la etiqueta republicana caben formas de teocracia fundamentalista como la República Islámica de Irán, totalitarismos liberticidas de corte socialista como la República Popular de China, dictaduras militares como fueron las de Argentina y Chile o incluso tiranías hereditarias como la República Popular de Corea del Norte. Por lo tanto no podemos concluir que quienes impulsan el advenimiento de la república en España estén tratando de avanzar o profundizar en la democracia y en las libertades, ya que la República es perfectamente compatible con la tiranía, la demagogia, el fundamentalismo…

Así que hasta que no nos digan qué tipo de república quieren instaurar, difícilmente podremos aceptar que tengan ningún plus de legitimidad democrática. Aunque me malicio, por su obsesiva exhibición de la bandera tricolor, que realmente no conciben la república como una forma de organización del Estado, sino como una ideología de carácter sectario y excluyente, en la que dentro del mismo paquete hay que comprar no sólo una determinada manera de designar al Jefe del Estado, sino toda una batería ideológica bastante rancia y trasnochada que nos invita a mirar hacia zonas de penumbra de nuestro pasado que sin duda debemos evitar.
Para desdramatizar el final recordaré la anécdota de una ocasión en la que pregunté en Sydney a varios amigos si no preferían corregir el anacronismo que significaba que el Jefe del Estado en Australia fuese la Reina de Inglaterra, a lo cual me contestaron en síntesis que para pagar a un Presidente de la República que viviese en un palacio, preferían a la Reina de Inglaterra que sufragaba por sí misma el de Buckingham.

3
jun

LOS DEL 68 SÍ QUE PODEMOS

Escrito el 3 junio 2014 por Juan Carlos Olarra en General

Como ya denunciaba Loquillo “hay compañeros de profesión, portavoces de su generación…” No pretendo yo tanto como erigirme en representante de nadie, pero tampoco puedo dejar de aprovechar el recurso que me ofrece haber nacido en el mismo año que SAR el Príncipe de Asturias, dentro de poco tiempo Felipe VI de España. Porque, desde esa coincidencia natalicia, reconozco haberme sentido especialmente aludido por las emocionantes palabras pronunciadas por SM el Rey al final del discurso en el que anunciaba su abdicación. A juicio de Don Juan Carlos, ha llegado el momento de dar protagonismo a una nueva generación, que tome el testigo de la suya, la que protagonizó y lideró eficaz y eficientemente la transición de España hacia el régimen democrático y de libertades en el que vivimos.

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12
may

Derecho de sufragio y discapacidad

Escrito el 12 mayo 2014 por Pilar Galeote en General

Hoy os presento a un amigo de la Cátedra, como lo es la Fundación que él aquí representa, la Fundación Síndrome de Down. Él es Rafael del Real, Ingeniero de Telecomunicación y Licenciado en Derecho. Además es Coordinador de la Comisión Jurídica de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Debido a que próximamente tenemos una cita con las urnas, Rafael nos invita a reflexionar al respecto…. Mil gracias, Rafael!!!

“Ante una próxima cita electoral es momento de reflexionar sobre la realidad de las 80.000 personas con discapacidad que están privadas de su derecho al voto por sentencia judicial, algo sin duda paradójico en un Estado Democrático.

El artículo 3 de la vigente Ley Electoral permite privar del ejercicio del derecho de sufragio a los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma lo declare expresamente.  El derecho de sufragio plasmado en el artículo 23 de la Constitución Española es uno de los derechos básicos reconocidos en la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008 y por tanto parte de nuestro ordenamiento jurídico.

En este sentido en Septiembre de 2011 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reflejó en las observaciones al Informe presentado por España, su preocupación por la restricción del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial.  Además mostraba su inquietud por que la privación de ese derecho fuera la regla y no la excepción en las sentencias de incapacitación, por lo que recomendaba  la revisión de toda la legislación pertinente para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tuvieran derecho a votar y a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás.

Aproximadamente el 60% de las personas privadas del derecho de sufragio son menores de 65 años. Sin duda, hay situaciones extremas de personas, que por sus facultades o condición,  no puedan ejercer su derecho contando con unos apoyos razonables que respeten los principios de independencia y secreto de voto. En estos casos excepcionales, y al objeto de evitar posibles abusos o fraude,  son apropiadas las medidas de protección de la persona,  establecidas en el Código Civil y en la Ley Enjuiciamiento Civil.

Pero como indica el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de Julio de 2013, lo que procede es instaurar los apoyos personalizados y efectivos en beneficio de la persona afectada en la toma de decisiones, permitiendo el ejercicio de la capacidad de obrar en las diferentes situaciones que se planteen.   La pérdida del derecho de sufragio no es una consecuencia automática o necesaria de la incapacidad, sino que es posible la incapacitación y la reserva al incapaz de este derecho pues una cosa es que una persona no pueda regirse por si misma, ni administrar su patrimonio, y otra distinta que esté impedida para ejercitarlo correctamente. Es el Juez que conoce del proceso a quien corresponde analizar y valorar la situación de la persona sometida a su consideración y pronunciarse sobre la conveniencia de negar el ejercicio de este derecho fundamental, que es regla y no excepción, a quien puede hacerlo no obstante su situación personal.

Los Estados Parte de la Convención tienen la obligación de proteger y promover el derecho de las personas con discapacidad de acceder al apoyo de su elección para emitir su voto en secreto mediante los ajustes razonables que sean necesarios.

Y por último conviene recordar que la propia Convención define los ajustes razonables como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos.

En base a todo lo anterior, bien el Ministerio Fiscal o bien los tutores que actualmente sustituyen en el ejercicio de la capacidad jurídica a esas 80.000 personas con discapacidad, deberían instar el procedimiento de reintegración de la capacidad,  para que una buena parte de ellos, pudieran recuperar el derecho de sufragio en condiciones de igualdad a los demás ciudadanos”.

 

 

14
abr

Responsabilidad de administradores por deudas sociales…

Escrito el 14 abril 2014 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

De nuevo, nuestro amigo Josu Ibarzábal, socio de CIALT, nos trae una interesante Sentencia, la nº 733/2013 del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 4 de diciembre de 2013.En esta ocasión sienta doctrina el más alto tribunal, a través de su ponente, D. Ignacio Sancho Gargallo,   en un asunto de especial relevancia en los tiempos que corren, como es la responsabilidad de administradores por deudas sociales. En concreto, versa la Sentencia sobre una demanda de responsabilidad interpuesta contra los administradores de una sociedad que incumplen el deber de promover la disolución, a pesar de encontrarse el patrimonio social por debajo de la mitad del capital con motivo de las pérdidas. A propósito de dicha circunstancia el Tribunal Supremo deja claro, por un lado, que todos los consejeros (siete son los demandados en este caso) responden solidariamente de las deudas reclamadas por los demandantes, porque todos ellos ocupaban el cargo durante la causa de disolución sin poner remedio al respecto y, por otro lado, aclara una cuestión algo más controvertida en la práctica como es, la posible exoneración de responsabilidad (y desestimación de la acción de responsabilidad) en aquellos casos en los que el demandante tuviera conocimiento previo de la situación económica de desequilibrio patrimonial o de insolvencia.

 

Pues bien, a dicho respecto deja claro el Magistrado ponente que, sin perjuicio de que en determinados casos pueda llegar a entenderse que la acción de responsabilidad por un acreedor constituye un acto contrario a buena fe (como en la Sentencia de 1 de marzo de 2001, en que el acreedor que ejercitaba la acción era socio y había sido administrador de la sociedad en el momento en que se generó el crédito reclamado, o en la sentencia 395/2012, de 18 de junio , en que quien ejercita la acción es un coadministrador que además tenía el 40% del capital social), el mero conocimiento de la situación de crisis económica o insolvencia de la sociedad al tiempo de generarse su crédito no priva de legitimación al acreedor para ejercitar la acción de responsabilidad. Sería necesario, en resumen, acreditar la mala fe del reclamante para exonerar de responsabilidad a los administradores no siendo suficiente con demostrar que tenían un mero conocimiento de la situación económica debilitada del deudor”.

 

5
feb

Securing Your Employees With Safety and Security Hats

Escrito el 5 febrero 2014 por Antonio Botella en General

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3
feb

Sobre retribución de administradores…

Escrito el 3 febrero 2014 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

Damos hoy las bienvenida, de nuevo, a Josu Ibarzábal, nuestro amigo que tanto nos ilustra sobre cuestiones societarias y que hoy nos va a hablar sobre retribución de administradores; os dejo con él, gracias Josu!!!

“Aprovechando el espacio en este Blog que me brinda mi amiga Pilar, quería compartir con vosotros una Sentencia que me ha parecido tremendamente interesante y muy útil para aquellos casos en los que toca afrontar los cada vez más habituales conflictos de socios. Se trata de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2013, que versa sobre una S.L. en la que uno de esos socios fue nombrado administrador y en cuyos Estatutos se establecía que el cargo de administrador era gratuito. En dicha S.L. todos los socios, incluido el demandante, acordaron abrir una oficina y poner al administrador al frente de la misma percibiendo éste una remuneración por su trabajo, si bien no firmó un contrato de alta dirección ni de prestación de servicios.

 Así las cosas, habiendo cobrado el Administrador la remuneración desde el 2002, en 2005 comenzaron las disensiones con dicho socio-administrador, ejercitando el socio demandante dos acciones: (1) acción social de responsabilidad contra el administrador reclamando las cantidades percibidas por considerar que su pago constituía un daño para la sociedad al ser contrario a la previsión de gratuidad de los estatutos y no haberse adoptado por la junta de socios un acuerdo autorizando una relación de prestación de servicios como exige el art. 67 de la LSRL y (2) la impugnación del acuerdo de la junta de socios de 2008 en el que se aprobó la retribución del Administrador que había recibido en 2007 y se fijó la del año 2008.

 Pues bien, a la vista de dicha demanda, el Tribunal Supremo rechaza las pretensiones del socio demandante por entender que -si bien es necesario que conste en los estatutos sociales el carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución y, de no ser así, es necesario que dicha retribución la perciba el administrador por la concurrencia de lo que la STS de 19 de diciembre de 2011 denomina «elemento objetivo de distinción entre actividades debidas por una y otra causa» (es decir, por desempeñar una serie de funciones y trabajos distintos a las funciones de gestión, administración y representación de la sociedad, propias de su condición de administrador)-, en este caso, debe prevalecer la “doctrina de los actos propios y el conocimiento y consentimiento continuado por parte del socio demandante del pago de una retribución al administrador.”

En concreto, el más alto tribunal resalta «el conocimiento y consentimiento del actor hasta el año 2006 de esa situación, situación a la que se avino y toleró» y considera que, no habiéndose producido el cambio de circunstancias, la actuación del socio demandante al exigir la devolución por el administrador de las cantidades percibidas e impugnar los acuerdos sociales que justificaban las retribuciones de los últimos dos años, vulnera la prohibición de ir contra los propios actos. Para el Supremo “esta solución no contraría la finalidad de transparencia e información de los socios sobre el régimen de retribución del administrador puesto que esa retribución fue plenamente conocida y consentida por todos los socios, y concretamente por el demandante, durante varios años”.

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