8
jul

Así fue el VIII Premio Cervelló

Escrito el 8 julio 2014 por Pilar Galeote en General

Aquí os dejo una muestra gráfica del pasado 29 de junio de 2014, día en el que se celebró, en el Aula Magna del IE ,el acto de entrega del VIII Premio Cervelló de Derecho de los Negocios. Este año el tema del premio era “Impacto de la nueva Ley de Emprendedores. Análisis crítico en el ámbito internacional”. El acto estuvo presidido por María Benjumea, Presidenta de Spain Start-up y contó con la presencia de Javier de Cendra, Decano de IE Law School, Pedro R. Rodero, Socio Director de ONTIER y María del Pilar Galeote, Directora de la Cátedra Cervelló de IE Law School. El trabajo ganador resultó ser  “An International Perspective on LAEI: Following trends” de Álvaro Herrera Gener, José María Guerra Marroquín y Luis Sancho Mañas. María Benjumea, como presidenta del jurado, destacó la importancia del emprendimiento en este momento en nuestro país y la necesidad del abogado o asesor jurídico como pieza clave para el éxito de los proyectos. Igualmente, subrayó la importancia de la implementación de las medidas legislativas introducidas en la reciente LAEI en nuestro ordenamiento.

FELICIDADES A LOS PREMIADOS!!

 

 

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18
jun

VIII PREMIO CERVELLÓ – ACTO ENTREGA

Escrito el 18 junio 2014 por Pilar Galeote en General

Buenos días a todos!! Un año más, desde la Cátedra Cervelló de IE Law School y el despacho ONTIER Hermosilla & Gutiérrez de la Roza os invitamso a todos al acto de entrega del VIII Premio Cervelló, este año sobre Emprendimiento. Esta edición contamos con la presencia de María Benjumea, Presidenta de Spain Startaup y de Adolfo Suárez Illana , Presidente de ONTIER. Os esperamos!!!! VIII invitación cervelló

4
jun

¿QUÉ REPÚBLICA?

Escrito el 4 junio 2014 por Juan Carlos Olarra en General

A nadie puede sorprender que un hecho tan insólito como trascendente cual es la abdicación del actual titular de al Corona de España genere la inmediata reacción de aquéllos que defienden la perentoria necesidad de instaurar la república como forma de gobierno (más bien de estructura de la Jefatura del Estado). Serían necios si no aprovechasen esta oportunidad, en la que resulta imperativo abordar formalmente la cuestión, legislar, regular…Puesto que es difícil que en otras circunstancias ese debate tenga lugar, visto el escaso interés que despierta entre la población.
Ahora bien, sentado fuera de toda duda que los promotores de la república tienen todo el derecho (y casi el deber) de pedir a gritos la instauración de tal sistema yo me pregunto ¿de qué república estamos hablando?
En efecto la república como forma de organización del estado se definiría en principio de forma negativa, de suerte que sería república cualquier sistema de organización política de un país en la cual la Jefatura del Estado no corresponda a un monarca y no se elija o determine de forma hereditaria. Es una definición un tanto rudimentaria, pero nos puede servir como herramienta de trabajo y, con esa base, otear, siquiera a vista de pájaro, el heterogéneo paisaje de realidades que se pueden encuadrar en el marco de esa calificación.
Podemos pensar en primer lugar en repúblicas parlamentarias, al estilo de la italiana o la alemana, en las cuales el Presidente de la República, como Jefe del Estado, elegido por las cámaras, tiene un papel de escaso peso y protagonismo político, quedando reducido a funciones de representatividad institucional y a esa facultad de moderación cuya virtualidad práctica depende finalmente de la capacidad de la persona que ocupa el cargo para ejercer su auctoritas, dado que carece de potestas. Pero también podríamos mirar hacia repúblicas de corte presidencialista, en las que el Presidente, elegido directamente por los ciudadanos, no sólo es el Jefe del estado sino que también lo es del Gobierno y lleva de forma efectiva las riendas de la nación. El paradigma de este régimen y su precursor son los Estados Unidos de América. Como en casi todo en la vida también caben formulas intermedias, en las que el Presidente de la República es elegido directamente pero sólo ejerce la jefatura del Estado, compartiendo el poder, en mayor o menor medida, con el jefe del ejecutivo (modelo de Francia o de Portugal). ¿En cuál de los sistemas mencionados están pensando los promotores de la III República? No lo sabemos (y probablemente ellos tampoco).
Pero eso no es todo. Además de formas tan respetables y admiradas como las que hemos enunciado, bajo la etiqueta republicana caben formas de teocracia fundamentalista como la República Islámica de Irán, totalitarismos liberticidas de corte socialista como la República Popular de China, dictaduras militares como fueron las de Argentina y Chile o incluso tiranías hereditarias como la República Popular de Corea del Norte. Por lo tanto no podemos concluir que quienes impulsan el advenimiento de la república en España estén tratando de avanzar o profundizar en la democracia y en las libertades, ya que la República es perfectamente compatible con la tiranía, la demagogia, el fundamentalismo…

Así que hasta que no nos digan qué tipo de república quieren instaurar, difícilmente podremos aceptar que tengan ningún plus de legitimidad democrática. Aunque me malicio, por su obsesiva exhibición de la bandera tricolor, que realmente no conciben la república como una forma de organización del Estado, sino como una ideología de carácter sectario y excluyente, en la que dentro del mismo paquete hay que comprar no sólo una determinada manera de designar al Jefe del Estado, sino toda una batería ideológica bastante rancia y trasnochada que nos invita a mirar hacia zonas de penumbra de nuestro pasado que sin duda debemos evitar.
Para desdramatizar el final recordaré la anécdota de una ocasión en la que pregunté en Sydney a varios amigos si no preferían corregir el anacronismo que significaba que el Jefe del Estado en Australia fuese la Reina de Inglaterra, a lo cual me contestaron en síntesis que para pagar a un Presidente de la República que viviese en un palacio, preferían a la Reina de Inglaterra que sufragaba por sí misma el de Buckingham.

3
jun

LOS DEL 68 SÍ QUE PODEMOS

Escrito el 3 junio 2014 por Juan Carlos Olarra en General

Como ya denunciaba Loquillo “hay compañeros de profesión, portavoces de su generación…” No pretendo yo tanto como erigirme en representante de nadie, pero tampoco puedo dejar de aprovechar el recurso que me ofrece haber nacido en el mismo año que SAR el Príncipe de Asturias, dentro de poco tiempo Felipe VI de España. Porque, desde esa coincidencia natalicia, reconozco haberme sentido especialmente aludido por las emocionantes palabras pronunciadas por SM el Rey al final del discurso en el que anunciaba su abdicación. A juicio de Don Juan Carlos, ha llegado el momento de dar protagonismo a una nueva generación, que tome el testigo de la suya, la que protagonizó y lideró eficaz y eficientemente la transición de España hacia el régimen democrático y de libertades en el que vivimos.

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12
may

Derecho de sufragio y discapacidad

Escrito el 12 mayo 2014 por Pilar Galeote en General

Hoy os presento a un amigo de la Cátedra, como lo es la Fundación que él aquí representa, la Fundación Síndrome de Down. Él es Rafael del Real, Ingeniero de Telecomunicación y Licenciado en Derecho. Además es Coordinador de la Comisión Jurídica de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Debido a que próximamente tenemos una cita con las urnas, Rafael nos invita a reflexionar al respecto…. Mil gracias, Rafael!!!

“Ante una próxima cita electoral es momento de reflexionar sobre la realidad de las 80.000 personas con discapacidad que están privadas de su derecho al voto por sentencia judicial, algo sin duda paradójico en un Estado Democrático.

El artículo 3 de la vigente Ley Electoral permite privar del ejercicio del derecho de sufragio a los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma lo declare expresamente.  El derecho de sufragio plasmado en el artículo 23 de la Constitución Española es uno de los derechos básicos reconocidos en la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008 y por tanto parte de nuestro ordenamiento jurídico.

En este sentido en Septiembre de 2011 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reflejó en las observaciones al Informe presentado por España, su preocupación por la restricción del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial.  Además mostraba su inquietud por que la privación de ese derecho fuera la regla y no la excepción en las sentencias de incapacitación, por lo que recomendaba  la revisión de toda la legislación pertinente para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tuvieran derecho a votar y a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás.

Aproximadamente el 60% de las personas privadas del derecho de sufragio son menores de 65 años. Sin duda, hay situaciones extremas de personas, que por sus facultades o condición,  no puedan ejercer su derecho contando con unos apoyos razonables que respeten los principios de independencia y secreto de voto. En estos casos excepcionales, y al objeto de evitar posibles abusos o fraude,  son apropiadas las medidas de protección de la persona,  establecidas en el Código Civil y en la Ley Enjuiciamiento Civil.

Pero como indica el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de Julio de 2013, lo que procede es instaurar los apoyos personalizados y efectivos en beneficio de la persona afectada en la toma de decisiones, permitiendo el ejercicio de la capacidad de obrar en las diferentes situaciones que se planteen.   La pérdida del derecho de sufragio no es una consecuencia automática o necesaria de la incapacidad, sino que es posible la incapacitación y la reserva al incapaz de este derecho pues una cosa es que una persona no pueda regirse por si misma, ni administrar su patrimonio, y otra distinta que esté impedida para ejercitarlo correctamente. Es el Juez que conoce del proceso a quien corresponde analizar y valorar la situación de la persona sometida a su consideración y pronunciarse sobre la conveniencia de negar el ejercicio de este derecho fundamental, que es regla y no excepción, a quien puede hacerlo no obstante su situación personal.

Los Estados Parte de la Convención tienen la obligación de proteger y promover el derecho de las personas con discapacidad de acceder al apoyo de su elección para emitir su voto en secreto mediante los ajustes razonables que sean necesarios.

Y por último conviene recordar que la propia Convención define los ajustes razonables como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos.

En base a todo lo anterior, bien el Ministerio Fiscal o bien los tutores que actualmente sustituyen en el ejercicio de la capacidad jurídica a esas 80.000 personas con discapacidad, deberían instar el procedimiento de reintegración de la capacidad,  para que una buena parte de ellos, pudieran recuperar el derecho de sufragio en condiciones de igualdad a los demás ciudadanos”.

 

 

14
abr

Responsabilidad de administradores por deudas sociales…

Escrito el 14 abril 2014 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

De nuevo, nuestro amigo Josu Ibarzábal, socio de CIALT, nos trae una interesante Sentencia, la nº 733/2013 del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 4 de diciembre de 2013.En esta ocasión sienta doctrina el más alto tribunal, a través de su ponente, D. Ignacio Sancho Gargallo,   en un asunto de especial relevancia en los tiempos que corren, como es la responsabilidad de administradores por deudas sociales. En concreto, versa la Sentencia sobre una demanda de responsabilidad interpuesta contra los administradores de una sociedad que incumplen el deber de promover la disolución, a pesar de encontrarse el patrimonio social por debajo de la mitad del capital con motivo de las pérdidas. A propósito de dicha circunstancia el Tribunal Supremo deja claro, por un lado, que todos los consejeros (siete son los demandados en este caso) responden solidariamente de las deudas reclamadas por los demandantes, porque todos ellos ocupaban el cargo durante la causa de disolución sin poner remedio al respecto y, por otro lado, aclara una cuestión algo más controvertida en la práctica como es, la posible exoneración de responsabilidad (y desestimación de la acción de responsabilidad) en aquellos casos en los que el demandante tuviera conocimiento previo de la situación económica de desequilibrio patrimonial o de insolvencia.

 

Pues bien, a dicho respecto deja claro el Magistrado ponente que, sin perjuicio de que en determinados casos pueda llegar a entenderse que la acción de responsabilidad por un acreedor constituye un acto contrario a buena fe (como en la Sentencia de 1 de marzo de 2001, en que el acreedor que ejercitaba la acción era socio y había sido administrador de la sociedad en el momento en que se generó el crédito reclamado, o en la sentencia 395/2012, de 18 de junio , en que quien ejercita la acción es un coadministrador que además tenía el 40% del capital social), el mero conocimiento de la situación de crisis económica o insolvencia de la sociedad al tiempo de generarse su crédito no priva de legitimación al acreedor para ejercitar la acción de responsabilidad. Sería necesario, en resumen, acreditar la mala fe del reclamante para exonerar de responsabilidad a los administradores no siendo suficiente con demostrar que tenían un mero conocimiento de la situación económica debilitada del deudor”.

 

3
feb

Sobre retribución de administradores…

Escrito el 3 febrero 2014 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

Damos hoy las bienvenida, de nuevo, a Josu Ibarzábal, nuestro amigo que tanto nos ilustra sobre cuestiones societarias y que hoy nos va a hablar sobre retribución de administradores; os dejo con él, gracias Josu!!!

“Aprovechando el espacio en este Blog que me brinda mi amiga Pilar, quería compartir con vosotros una Sentencia que me ha parecido tremendamente interesante y muy útil para aquellos casos en los que toca afrontar los cada vez más habituales conflictos de socios. Se trata de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2013, que versa sobre una S.L. en la que uno de esos socios fue nombrado administrador y en cuyos Estatutos se establecía que el cargo de administrador era gratuito. En dicha S.L. todos los socios, incluido el demandante, acordaron abrir una oficina y poner al administrador al frente de la misma percibiendo éste una remuneración por su trabajo, si bien no firmó un contrato de alta dirección ni de prestación de servicios.

 Así las cosas, habiendo cobrado el Administrador la remuneración desde el 2002, en 2005 comenzaron las disensiones con dicho socio-administrador, ejercitando el socio demandante dos acciones: (1) acción social de responsabilidad contra el administrador reclamando las cantidades percibidas por considerar que su pago constituía un daño para la sociedad al ser contrario a la previsión de gratuidad de los estatutos y no haberse adoptado por la junta de socios un acuerdo autorizando una relación de prestación de servicios como exige el art. 67 de la LSRL y (2) la impugnación del acuerdo de la junta de socios de 2008 en el que se aprobó la retribución del Administrador que había recibido en 2007 y se fijó la del año 2008.

 Pues bien, a la vista de dicha demanda, el Tribunal Supremo rechaza las pretensiones del socio demandante por entender que -si bien es necesario que conste en los estatutos sociales el carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución y, de no ser así, es necesario que dicha retribución la perciba el administrador por la concurrencia de lo que la STS de 19 de diciembre de 2011 denomina «elemento objetivo de distinción entre actividades debidas por una y otra causa» (es decir, por desempeñar una serie de funciones y trabajos distintos a las funciones de gestión, administración y representación de la sociedad, propias de su condición de administrador)-, en este caso, debe prevalecer la “doctrina de los actos propios y el conocimiento y consentimiento continuado por parte del socio demandante del pago de una retribución al administrador.”

En concreto, el más alto tribunal resalta «el conocimiento y consentimiento del actor hasta el año 2006 de esa situación, situación a la que se avino y toleró» y considera que, no habiéndose producido el cambio de circunstancias, la actuación del socio demandante al exigir la devolución por el administrador de las cantidades percibidas e impugnar los acuerdos sociales que justificaban las retribuciones de los últimos dos años, vulnera la prohibición de ir contra los propios actos. Para el Supremo “esta solución no contraría la finalidad de transparencia e información de los socios sobre el régimen de retribución del administrador puesto que esa retribución fue plenamente conocida y consentida por todos los socios, y concretamente por el demandante, durante varios años”.

31
ene

Los lectores más jóvenes probablemente desconocen el origen de la polémica, que se retrotrae al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989. El supuesto de hecho de partida es la posibilidad de que una sociedad íntegramente participada sea absorbida por su socio único. En el marco legal definido en el referido Texto Refundido, dicha operación aparecía expresamente regulada en el apartado de las fusiones y escisiones. Concretamente se establecía en un artículo específico que requisitos propios de las fusiones no eran exigibles cuando la sociedad absorbente era titular del 100% del capital de la absorbida (lo cual tiene su gracia, porque en ese texto legal la sociedad unipersonal como tal no estaba regulada). Pero lo cierto es que el mismo Texto refundido, en sede de la regulación de la disolución de sociedades, establecía una enigmática coletilla en un precepto relativo a la disolución, en el sentido de que la disolución implicaba la apertura del proceso de liquidación salvo en los casos de fusión, escisión “u otros supuestos de cesión global del activo y el pasivo”. La Ley de Sociedades Anónimas no contemplaba tales otros supuestos, pero esa puerta entreabierta dio lugar a que se llevasen a cabo operaciones en las que una sociedad íntegramente participada acordaba su disolución y la cesión global de su activo y su pasivo en favor de su socio único, sin seguir el procedimiento establecido para la fusión impropia o de sociedad íntegramente participada. En este limbo vino a terciar la DGRN con una Resolución en la que admitía el citado procedimiento, siempre y cuando se llevasen a cabo anuncios y se dejasen transcurrir plazos de oposición similares a los de la fusión, en garantía de los derechos de los acreedores. Este régimen de facto se vino aplicando desde entonces, configurando un proceso alternativo a la fusión de filial íntegramente participada. Las ventajas de este procedimiento consistían en que no requería la elaboración de un proyecto ni su depósito y tampoco precisaba balances de fusión. El inconveniente fundamental radicaba en que no se podía fijar una fecha de efectos contables, cosa que la fusión si permitía.

Este marco indefinido vino a concretarse algo más con la reforma societaria de 1995 y 1996. (Ley de Sociedades Limitadas y Reglamento del Registro Mercantil). En dicho proceso de desarrollo normativo la operación accedió a la LSRL y al RRM, confirmando la necesidad de publicar anuncios y conceder el derecho de oposición a los acreedores, pero se confirmaba de modo expreso la coexistencia de dos vías similares para llevar a cabo el mismo proceso sustantivo (la absorción de los activos y pasivos de una filial 100% que se extingue).

En el último trimestre del año 2001 se produjo un número anormal de operaciones de cesión de activos y pasivos, La razón de tal incremento fue una modificación del régimen fiscal especial aplicable a las fusiones, en particular una importante restricción en lo referente a la deducibilidad del fondo de comercio financiero que aflora en la absorción de una sociedad íntegramente participada. Puesto que la nueva normativa era aplicable a operaciones inscritas en el registro a partir de 1 de enero de 2002, se hacía imprescindible completarlas antes de 31 de diciembre de 2001 y dado que el texto del proyecto de reforma se conoció en octubre, en muchos casos los plazos para una fusión eran inasumibles y la única alternativa para la absorción era la cesión global de activos y pasivos. Pues bien, en ese marco de multiplicación de las operaciones, se produjo la calificación del Registro Mercantil de Barcelona de la que se derivaba que, cuando las dos sociedades que participaban en el proceso eran anónimas, y dado que la Ley de Sociedades Anónimas no regulaba específicamente la operación de cesión de activos y pasivos, la única vía para la absorción de una filial íntegramente participada era la fusión, ya que el trasfondo económico de la operación era único. Las operaciones en las que intervenían sociedades limitadas quedaron a salvo de dicho criterio, por cuanto que aparecían específicamente reguladas en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Este nuevo estatus se mantuvo inalterado hasta la entrada en vigor de la Ley de Modificaciones Estructurales en el año 2009. Cuando el legislador decidió regular en una norma separada determinadas operaciones societarias, la cesión global de activos y pasivos adquirió por fin carta de naturaleza normativa plena y con rango de ley, en con reto en los arts. 81 al 91 de la citada norma. Asimismo se reguló la absorción de sociedad íntegramente participada –como supuesto especial y simplificado de fusión- en su art. 49. Comoquiera que en el nuevo desarrollo normativo se contemplaban tanto como la cesión global de activos y pasivos como la absorción por fusión, y aún cuando el procedimiento para ambas se hizo más homogéneo (básicamente por la introducción del proyecto de cesión y su depósito obligatorio), parecía claro que se consagraba la existencia de dos procesos societarios diferentes para llevar a cabo la absorción. Y en estas estábamos cuando los titulares del Registro Mercantil de Barcelona emitieron la siguiente opinión jurídica a través de la calificación del depósito de un proyecto de cesión en el que la cesionaria era socia única de la cedente:

 

Habida cuenta que, la operación a que se refiere el presente proyecto, consiste en la extinción de la sociedad “XXX, SA” transmitiendo en bloque todo su patrimonio a la sociedad “ YYY, SA” titular de todas las participaciones sociales (sic), la misma queda fuera del ámbito de aplicación de los artículos 81 al 91 de la Ley 3/2009, de 3 de Abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, de conformidad con lo revenido en el artículo 53 de la citada Ley, que asimila dicha operación a la fusión. En consecuencia el proyecto deberá reunir los requisitos previstos para las fusiones de sociedades directamente participadas al ciento por cien. (Artículo 27 y 53 de la Ley 3/2009 de 3 de Abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, y 226 del Reglamento del Registro Mercantil).

La controversia se suscita por la contradicción aparentemente existente entre estos dos preceptos de la Ley de Modificaciones Estructurales:

Artículo 81 Cesión global de activo y pasivo

1. Una sociedad inscrita podrá transmitir en bloque todo su patrimonio por sucesión universal, a uno o a varios socios o terceros, a cambio de una contraprestación que no podrá consistir en acciones, participaciones o cuotas de socio del cesionario.

2. La sociedad cedente quedará extinguida si la contraprestación fuese recibida total y directamente por los socios. En todo caso, la contraprestación que reciba cada socio deberá respetar las normas aplicables a la cuota de liquidación.

Artículo 53 Operación asimilada a la fusión

También constituye una fusión la operación mediante la cual una sociedad se extingue transmitiendo en bloque su patrimonio a la sociedad que posee la totalidad de las acciones, participaciones o cuotas correspondientes a aquélla.

Es evidente que la postura de los Registradores de Barcelona, en línea con lo planteado en el año 2002, es que no tiene sentido que haya dos procedimientos para la misma operación económica, pero lo cierto es que el subrayado que hemos incluido al transmitir el primero de los preceptos pone en duda dicha conclusión.

Continuará…

13
ene

Empezamos el año en el Blog Cervelló con el mismo tema que lo terminábamos: mediación y arbitraje. Me parece muy interesante traer a colación la RDGRN de 25 junio de 2013 (BOE 26 de julio 2013) en la que se aborda la posibilidad de que en estatutos pueda incluirse una cláusula que establezca que las diferencias que puedan tener los administradores deban resolverse mediante procedimientos de mediación y/o arbitraje.

Se trata de un cláusula genérica que nada impide que. ante un conflcito determinado, el mediador o el árbitro consideren que el referido conflicto no puede ser solucionado meiante estos procedimientos. Por ejemplo sería el caso de suspuestos de responsabilidad penal de administradores etc.

Consideramos muy acertada esta Resolución que ratifica lo que sabíamos hasta el momento y que encaja con lo establecido en la vigente Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y su recientísimo RD de desarrollo.

 

 

19
dic

LAS PREGUNTAS COMPLEJAS Y LA DOBLE NEGACIÓN

Escrito el 19 diciembre 2013 por Juan Carlos Olarra en General

Una de las enseñanzas del inglés que más nos suele asombrar cuando comenzamos a familiarizarnos con dicha lengua es la interdicción de la doble negación. Para enfatizar lo incorrecto de esa construcción, algunos profesores suelen exagerar hasta el extremo de sostener que un inglés nativo interpretará una doble negación en el sentido de una afirmación. En realidad no es así, y los británicos simplemente identificarán un mal uso de su idioma. Pero lo cierto es que las construcciones con una doble negación son difíciles de encajar en cualquier escenario.
Viene esta disquisición a cuenta de la pregunta o cadena de preguntas que, al parecer, pretende el Gobierno Catalán someter a la consideración de los ciudadanos de esa región el próximo nueve de noviembre. Porque primero preguntarán si el votante está a favor o en contra de que Cataluña sea un estado y, después si a favor o en contra de que dicho estado sea independiente. Parece que en la lógica se plantean tres posibles actitudes de quien vote algo distinto de un doble voto en blanco. La primera, ser favorable a que Cataluña sea un estado y además un estado independiente. Como diría un castizo, lo que viene siendo el clásico voto independentista o secesionista de pura cepa. La segunda consistiría en votar a favor de que Cataluña sea un estado, pero en contra de la independencia del mismo. Esto es como para hacérselo mirar. O es la típica ambigüedad calculada del nacionalista que quiere sacar ventaja del todo sin poner de su parte, o se trata de un caso de soberana empanada mental que busca las referencias habituales de Puerto Rico, las Islas Feroe o alguna otra cuyos orígenes absolutamente diferentes justifican tal singularidad y que, en cualquier caso, son estados sui generis. La tercera opción de quien vote en el famoso referéndum o consulta es la de votar en contra de que Cataluña sea un estado, en cuyo caso parece que no debe pronunciarse sobre la segunda pregunta. Pero como el papel lo aguanta todo y en la escasez ningún grano está de más, se plantea en qué bando o secta se deberían computar los votos de la doble negación, contra el estado catalán y contra su carácter independiente. Los escamots de Junqueras enseguida han sugerido que tales votos deben ser declarados nulos por incongruencia interna. A nadie se le escapa que sólo algunos de quienes están frontalmente en contra de la independencia de Cataluña serían capaces de votar de tal manera, así que los separatistas quieren sacar esos votos de la urna por el procedimiento de urgencia. Pero lo cierto es que, en buena lógica la doble negación en este caso no plantea problemas de interpretación. No se desea un estado catalán y. si éste llegare a existir, no se quiere que sea independiente ¿ven qué fácil? Golpe de castigo a los secesionistas.
Ahora bien el voto que habría que analizar detenidamente como fenómeno sociológico, porque sobre el papel es posible, sería aquél de quienes se muestran contrarios a la existencia de un estado catalán pero favorables a su independencia. En primer lugar podría entenderse que se trata de personas con alguna patología de la personalidad o simplemente faltas de un mínimo raciocinio. Pero puestos a elucubrar, y ya que yo no he formulado la pregunta, permítanme sugerir dos interpretaciones de este voto NO pero Sí. La primera es la de puro cachondeo. Ya que un gobierno regional ha decidido derrochar tiempo y dinero de los ciudadanos en una maniobra inútil, la forma más evidente de simular una sonora pedorreta es la de emitir un voto propio del mismísimo Miguel Miura (no queremos estado pero sí un estado independiente…). Una segunda explicación para un voto de ese tipo, también enmarcada en la racionalidad, sería la de aquéllos catalanes que no desean separarse de España pero que entienden que, si se desea un estado propio, entonces que sea con todas las consecuencias: un estado independiente, fuera de la UE, con una nueva moneda, fuera de la OTAN … Suponemos que los catalanes que votasen de esta manera se verían abocados a abandonar su tierra al día siguiente de la famosa independencia.
En fin, por otra parte las preguntas tramposas en las consultas populares no son novedad. En 1986 el gobierno socialista formuló a los españoles una pregunta sobre la OTAN sujeta a tres condiciones cumulativas, contradictorias ideológicamente entre sí, con el fin de ampliar al máximo la fila del pasillo de los síes. Con el jueguecito estuvimos a punto de quedar fuera de la alianza atlántica..Pues bien, de igual modo los responsables políticos catalanes tendrán que asumir las potenciales consecuencias de realizar preguntas tramposas ¿No será que les asusta conocer de verdad la voluntad de los ciudadanos?

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