Ayer conocíamos la condena de 18 meses de inhabilitacion y 18.000 euros de multa impuesta por el Tribunal Supremo al que fuera presidente del parlamento vasco, Juan María Atutxa, al entender probado que éste había cometido un delito de desobediencia por su negativa contumaz a disolver el grupo parlamentario de una formación política que había sido declarada ilegal. "Ningún delito hemos cometido" ha declarado Atutxa nada más conocer la noticia, con un forzado hipérbaton que pretende recrear el habla llana de algunos vascos del medio rural, a la que Atutxa es completemante ajeno. De hecho, cualquiera que haya tratado a Atutxa alguna vez habrá tenido que sufrir la ampulosidad de su retórica pretenciosa. Pero esta afirmación no es sólo impostada en la forma sino perversamente falsa en el fondo. Decir que no se ha cometido un delito, así en esos términos, cuando se acaba de ser condenado, es una mera negación del ordenamiento jurídico y del órgano jurisdiccional que lo ha aplicado. La afirmación es tan poco inocente como quien la formula. Atutxa no ha apelado a sentimientos individuales ni colectivos (estos últimos gustan más a los nacionalistas) ni a principios éticos o morales. Lo que ha hecho ha sido aplicar la máxima de que en Euskadi determinadas personas e instituciones están por encima de la ley, y que sus conductas están legitimadas a priori precisamente por la condición de quienes las llevan a cabo. Eso es lo que permtió a Atutxa regodearse durante más de un año con la expresión "no tengo constancia de la existencia de ningún grupo reglamentariamente ilegalizado en la cámara". Ahora el Tribunal Supremo ha puesto las cosas en su sitio y al listillo como el delincuente que es.