Cuando empezaron sus tratos para la compra del negocio, Fermín (comprador) se asesoró de un despacho mercantil y fiscal, que diseñó diversas alternativas para ejecutar la operación. Antonio, insisto en que cercano a la jubilación y deseoso de gastar lo menos posible, aduciendo razones de confianza recíproca, pidió a Fermín que llevaran adelante la operación sin abogados. Fermín, ávido también de ahorrar, accedió encantado. Gran fallo de Antonio: para entonces su contraparte ya había recibido cierto asesoramiento. Antonio se puso a sí mismo voluntariamente en una condición de desigualdad de armas.

Después de las que mi ahora cliente recuerda como amigables conversaciones, ambas partes acabaron firmando un contrato. Fermín, por no hacer una mínima due diligence, nunca llegó a saber que la base de datos carecía de las medidas de seguridad exigibles, que nunca se había pedido el consentimiento de los individuos para incorporarlos a la base de datos y que ésta nunca se había declarado a la Agencia de Protección de Datos www.agpd.es . El vendedor Antonio firmó el contrato pensando de buena fe que lo que vendía estaba en perfecto estado de revista. De hecho, la base de datos jamás le había dado problemas.

Ahora Fermín ha llamado indignado a Antonio para reclamarle porque uno de los clientes ha denunciado a la Agencia la cesión de sus datos, porque la cuarta empleada reclama por sucesión de empresa y porque Hacienda ha abierto una comprobación de IVA por esta operación, al haber solicitado la empresa compradora la devolución del IVA soportado.

Vender y comprar una empresa en funcionamiento conlleva un proceso del que los protagonistas de nuestra historia se saltaron la mayor parte de las fases:

• fase preparatoria: due diligence, acuerdos de exclusividad, estructuración jurídica y fiscal de la operación;
• fase de ejecución: negociación de los contratos, toma de posesión del negocio, cambios en los órganos de la sociedad; y
• fase de seguimiento: ajustes al precio, responsabilidades por la correcta llevanza del negocio, litigios o arbitrajes. Me temo que Fermín y Antonio van a tener que vivir unos encuentros en esta “tercera fase”.

Hay empresarios (y no necesariamente PYMEs) que piensan que “el que más o el que menos, todos hemos comprado algo alguna vez”, y que vender tu propia empresa no puede ser tanto más difícil que comercializar tus productos o, por ejemplo, vender el piso de la playa. Pues no. A esta fiesta están invitados (o en ella se plantaron, como Mecano) multitud de terceros: la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, los trabajadores, la Agencia de Protección de Datos, el Ayuntamiento, el Registro de la Propiedad y el Mercantil, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios … o la Autoridad Portuaria, según sean los casos.

Tenemos los abogados una reputación bien trabajada de complicar las cosas. Es verdad que complicamos un poco, no podemos evitarlo, pero ahorramos mucho más de lo que hacemos gastar. Un euro de abogacía preventiva son, por lo menos, cinco euros de abogacía curativa. ¿Acaso por no saber Antonio los riesgos que asumía, los riesgos eran menores? ¿No estaba mejor Fermín habiendo comprado la empresa entera, habiéndola fusionado con la suya y amortizando el fondo de comercio financiero?

Lo que hicieron Fermín y Antonio me recuerda a cuando te duele la cabeza y te tomas por tu cuenta un Gelocatil. En general, funciona, pero más te valía haber ido al médico. Al caso de nuestros protagonistas lo llamé un déjà-vu porque a los abogados nos pasa muchas veces que los clientes van firmando bajo su criterio documentos que ellos consideran fáciles o sin importancia y sólo nos consultan después. Y esto, como en la película, es un fallo en Matrix. Os pongo la escena de la película.