En primer lugar, puede observarse cómo se ha prolongado durante años los plazos de presentación de enmiendas (“truco” parlamentario para aplazar el debate de un proyecto) de determinadas iniciativas cuyo común denominador es tener menos “relumbrón” mediatico pero dirigidas a ordenar jurídicamente ámbitos de las relaciones privadas (civiles y mercantiles) que para cualquiera de los que hemos realizado estudios de Derecho en los últimos decenios, son conocidos porque nuestros profesores siempre denunciaban el carácter obsoleto de la normativa y la necesidad de una legislación adecuada.

En concreto, nos referimos a los siguientes proyectos de ley, que han quedado sin tramitar y deberá volver a presentar (si lo estima conveniente) el próximo Gobierno: [pulsar en los enlaces para ver el texto completo]

- Proyecto de Ley general de navegación marítima.

- Proyecto de Ley Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal.

Otras iniciativas, no menos importante, han sufrido de circunstancias similares, como ha sido el caso del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria (retirado por el Gobierno ante las críticas de los sectores afectados), y el anteproyecto de Ley General Audiovisual (que pese a terminar su tramitación administrativa, no llegó a ser presentado a las Cortes).

Quizá el único punto en que la inacción parlamentaria haya dado lugar a un resultado positivo ha sido el del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de justicia de proximidad y Consejos de Justicia.

Se trataba de una iniciativa que introducía profundas modificaciones en el sistema judicial, lindantes con la desprofesionalización y la designación por entes políticos, con lo cual no creo que responsablemente se pueda lamentar la falta de impulso de su tramitación en el Parlamento.

En resumen, y como conclusión, cabe deducir que las iniciativas legislativas que se dirigen únicamente a codificar y dar mayor nivel de seguridad jurídica gozan de escaso atractivo parlamentario, y suelen ser preteridas frente a normas más “vendibles” ante la opinión pública. Pero quizá, por ello mismo, quepa reclamar a los diferentes grupos parlamentarios que aceleren su tramitación (ya que suelen carecer de aristas ideológicas), y contribuyan así a eliminar obstáculos a la actividad de los ciudadanos.