La administración pública con competencias en materia de organización y dotación de eso que un cursi decidió denominar "oficina judicial", es decir la Consejera de la Junta de Andalucía (al máximo), no tardó ni dos minutos en indicar que el único culpable era el Juez de lo Penal, responsable de la ejecutoria, que no había dictado la resolución correspondiente que habría puesto en marcha los prodigiosos mecanismos que la parecer la susodicha consejera ha facilitado. El Juez de lo Penal no ha culpado a una funcionaria, pero sí al hecho de que se encontrase de baja, de la situación. Los sindicatos de funcionarios han acudido en defensa de su compañera, apuntando a "la cúpula judicial". Los sindicatos policiales, ante la sugerencia de que la culpa pudiera ser atribuida a los cuerpos de seguridad, han apuntado enseguida a los defectos de funcionamiento de los sistemas de información cuya responsabilidad corresponde a la Junta de Andalucía, excuplando expresamente al juez. El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que realizará una investigación ante la existencia de errores. Brillante conclusión, ensombrecida por la duda sobre por qué dichas investigaciones deban tener resultados más efectivos que los de la inspección realizada en su día sobre el juzgado en cuestión, que concluyó sin mayor novedad. Algunos ciudadanos y muchos "opinadores" (perdón por el palabro) aprovechan para sugerir la urgente necesidad de drásticas reformas legales "que ellos ya habían denunciado antes", mientras los buenistas con un entendimiento sesgado de las enseñanzas de Becaria alertan sobre el riesgo de tomar decisiones en caliente. Mientras tanto los peores de cada casa aprovechan para intentar sacar partido, sea en negociaciones sindicales, sea en estrategias políticas, sea en posicionamientos en los medios de comunicación, a mayor gloria de la vanidad o del dinero. Y el presidente del gobierno llama al padre para decirle que "va a llegar hasta el final".

En este punto formulo una conclusión alternativa, políticamente incorrecta y que suminsitra muy poca tranquilidad y menos satisfacción. Lo ocurrido en este lamentable caso se debe a la concurrencia de varias circunstancias cuya culpabilidad se puede atribuir a varias personas o entidades. Ni el juez ni los funcionarios responsables de la causa pendiente de ejecución pueden eximirse de la parte que les corresponde, en cuanto personas que deben resolver y tramitar la ejecutoria. A ello no puede ser ajena una Consejera, representante de la administración, que es consciente de la inviable desproporción entre los asuntos que tramitan los juzgados y los medios materiales y humanos a su disposición. Tampoco puede hurtar su responsabilidad un Consejo General del Poder Judicial cuyas funciones de inspección sobre el funcionamiento de los juzgados, no tanto para sancionar sino para detectar disfunciones, debería ser de interés preferente, por encima de los lamentables pasatiempos políticos con los que se entretiene con frecuencia. Los opinadores sobre la marcha siguen sin molestarse en conocer a fondo las circunstancias reales en las que se trabaja en los juzgados y tribunales a fin de dar debida cuenta a los ciudadanos y coadyuvar, por la vía de la denuncia, a su mejora. Y el presidente del gobierno, que no dedicó ni un minuto al funcionamiento de la justicia en sus debates electorales (al igual que su oponente, que mostró similar desinterés) podría comprarse una camiseta en la que ponga EFICACIA y tirar esa tan gastada en la que dice DEMAGOGIA.

Pero además o a pesar de lo anterior, debemos recordar que es IMPOSIBLE evitar que ocurran fallos en el sistema judicial, como es imposible evitar los errores médicos o en general los fallos en cualquier actividad con intervención del hombre. No somos infalibles, y nuestro empeño obligado en impedir que se produzca un error en todos y cada uno de los asuntos concretos cuya gestión nos corresponda en cada momento, no es incompatible con una cierta capacidad de autocrítica, de sinceridad y de templanza en los momentos en que la desgracia se produce. Y sin que pretenda ni mucho menos justificar la impunidad, no podemos dejar que la frustración reconduzca los esfuerzos que debemos dedicar a la identificación de errores y previsión de su evitación futura, a las reacciones de corte fariseo ni a la demagocia barata, interesadas o no.