Aunque sabemos la razón de tal publicación (atender al compromiso con un determinado grupo parlamentario), resulta difícil entender cual es el propósito de esta decisión. Especialmente cuando el propio gobierno se ha apresurado en decir que estos datos no pueden ser base ni objeto de las discusiones sobre financiación de las comunidades autónomas (lo que el gris ministro del ramo llamó con acierto “el sudoku de la financiación autonómica"). También el gobierno ha advertido de que no se deben usar estos datos para generar agravios ni enfrentamientos entre “territorios” (desafortunada pero extendida metonimia). Entonces… ¿para qué se hacen públicos?

Sin entrar en discusiones metodológicas sobre la elaboración de esas cosas, conviene cuando menos tener en cuenta una serie de conceptos previos para entender cuan poco significan esos datos:

En primer lugar, ni las comunidades autónomas, ni los territorios, ni los terruños, son contribuyentes de ningún impuesto en España, sino que lo son las personas físicas, las jurídicas y determinadas entidades sin personalidad jurídica. Por lo tanto, la mitad del análisis que se nos ofrece (lo que las comunidades contribuyen) carece de todo fundamento.

En segundo lugar, es bastante lógico que si se fuerza una proyección de datos a un nivel intermedio (Comunidad Autónoma) se obtengan resultados similares a los que se obtienen a nivel individual. Los contribuyentes que más ganan, más contribuyen y menos se benefician del destino de los ingresos públicos. Esto, además de lógico, es coherente con el principio de progresividad tributaria que consagra el artículo 31 de la Constitución. Si se llevase el razonamiento de las comunidades que se dicen agraviadas al nivel individual de los contribuyentes, resultaría que los más pudientes presentarían balanzas deficitarias y los más desfavorecidos, que contribuyen al erario público en menor medida de lo que reciben, presentarían superávit. Por tanto los contribuyentes más ricos deberían aliarse para reclamar al gobierno un sistema tributario en el que cada sujeto equilibrase su contribución con los beneficios que el Estado le aporte. Evidentemente absurdo.

En tercer lugar las pretendidas “balanzas fiscales” ignoran por completo otros flujos contributivos distintos de los derivados del ingreso y el gasto publico, sin los cuales es difícil extraer conclusiones de lo que se aporta y lo que se recibe.

Y por último y más importante, nuestro modelo constitucional se basa en la unidad e integridad territorial del Estado (ámbito en el que se debe producir la solidaridad propia de un Estado Social y Democrático de Derecho) y en la soberanía nacional. Es lícito que se discrepe de tales principios e incluso que se intenten modificar, pero deberá hacerse por las vías establecidas al efecto. España no es un estado confederal y los territorios no son sujetos de soberanía.

Por tanto, volvemos a la pregunta inicial: ¿Para qué demonios se han publicado las dichosas balanzas?