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V Premio José María Cervelló

Escrito el 6 febrero 2011 por Blanca Puyol en Derecho y RSC

Recientemente se ha publicado en diversos medios la convocatoria del Quinto Premio José María Cervelló. Aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, la Cátedra José María Cervelló es la primera cátedra jurídica del IE, que fue creada para honrar la figura de José María Cervelló, fundador y profesor de los programas jurídicos del IE, abogado del Estado y pionero en el desarrollo de la abogacía internacional en España. Esta Cátedra contribuye a la difusión de conocimiento en el área jurídica, desarrolla proyectos de investigación y promueve el diálogo sobre temas de actualidad jurídica entre los profesionales del sector, para lo cual convoca anualmente un premio que consiste en la elaboración de un trabajo inédito sobre diversos temas y cuestiones jurídicas, como por ejemplo: Los límites legales a la actuación de los administradores de la sociedad opada artículo 60 bis LMV, Los Contratos de Colaboración entre los Sectores Público y Privado en la Ley de Contratos del Sector Público o El administrador de hecho y el concurso, todos ellos temas de enorme actualidad en los diferentes momentos en los que fueron elegidos como objeto de los trabajos. Como no podía ser de otra manera, este año el tema del trabajo es “La responsabilidad criminal de las personas jurídicas: artículos 31, 31 bis y 33 del Código Penal. Problemas y soluciones”, tema de gran importancia y trascendencia en nuestros días.

La reforma penal aprobada por la Ley 5/2010, de 22 de junio, y que ha entrado en vigor el pasado día 24 de diciembre de 2010, introduce importantes novedades en el ámbito empresarial. Según se establece en su Exposición de Motivos, el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas viene motivado por la influencia del Derecho comparado, sin embargo, para un sector doctrinal relevante en nuestro país, esta modificación supone una ruptura de los principios básicos de nuestro Derecho penal, que puede dar lugar a importantes dificultades de interpretación. En este sentido, cabe destacar que la responsabilidad penal que se impone a las personas jurídicas por el nuevo texto no es una responsabilidad objetiva por hecho ajeno, sino una responsabilidad propia por no haber adoptado las medidas preventivas exigibles para evitar la comisión del delito. En todo caso, y a nadie se le escapa, para que exista responsabilidad penal de la persona jurídica es necesario que el delito sea cometido por el administrador (ya sea de hecho o de derecho) o representante, o por un empleado por no haberse ejercido sobre éste el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.

Y es en este punto donde quería manifestar mi “preocupación” por los administradores de sociedades, ya que a mi juicio esta nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas se les va a acabar trasladando (ya porque la sociedad repita contra ellos o porque ejercite la acción social de responsabilidad), puesto que cada vez se les imponen nuevos deberes y nuevas responsabilidades. Es más, parece que de forma progresiva el órgano de administración se va convirtiendo en un órgano de supervisión, como ya anticipaba el Código Olivencia, y no en un órgano gestor. Hay quien incluso habla de que el nuevo Código Penal incrementa la diligencia de los administradores y considera que en aquellos supuestos en que una empresa sea declarada penalmente responsable por la ausencia de controles o medidas preventivas para evitar la comisión de un delito, podrá cuestionarse seriamente si sus administradores obraron con la diligencia adecuada al no establecerlos. En cualquier caso, la reforma no ha precisado cuál debe ser el contenido de las medidas de detección y prevención del delito, por lo que será necesario acudir al Derecho comparado y a la regulación establecida para otras materias (como, por ejemplo, el Código Unificado de Buen Gobierno, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales o normativa en materia de prevención de riesgos laborales).

Como comenta Rafael Urtasun en una nota publicada en la página web de esta Cátedra, “aunque en principio pudiera pensarse que esta regulación va dirigida exclusivamente para reaccionar frente a los delitos cometidos en el seno de grandes organizaciones criminales, dados los supuestos y la extensión con la que se establece la responsabilidad, se trata de una regulación que no puede ser desconocida por todo tipo de entidades, mercantiles o no, dedicadas a actividades lícitas. Un mínimo conocimiento de la reforma resulta esencial para que estas entidades no incurran en ninguno de los supuestos de responsabilidad previstos en el Código Penal”. Es fundamentalmente por este motivo por el que considero muy acertada la elección del tema del V Premio José María Cervelló y espero que los trabajos que se presenten nos permitan a quienes no somos expertos en la materia entender mejor algunas cuestiones planteadas por la nueva regulación. Por ello, animo a todos los lectores a participar en el Premio (para más información http://catedracervello.ie.edu.)

Blanca Puyol Martínez-Ferrando

Madrid, 3 de febrero de 2011

Comentarios

Mercedes Abad 7 febrero 2011 - 11:39

Sin duda la reforma invita a una doble reflexión. Doctrinal, en cuanto a que supone la superación del principio societas delinquere non potest. Y práctica, en cuanto supone una llamada de atención de los deberes de control y supervisión que deben cumplir todas las empresas, y no sólo las que operan en sectores regulados o sociedades cotizadas. Si bien estos deberes se podrían haber reforzado incrementando la responsabilidad de las empresas en el ámbito administrativo sancionador, el legislador ha querido dotar de un máximo protagonismo a los códigos éticos empresariales, ubicando el germen de su aplicación generalizada en el ámbito penal. Ahora es necesario concretar cuál debe ser el contenido las normas de corporate compliance, y resolver al mismo tiempo, los problemas procesales y prácticos derivados de la nueva responsabilidad penal a la que se enfrentan las empresas. El premio es una oportunidad excelente para contribuir en ese doble plano, no sólo jurídico sino también práctico, de manera que los estudios que se realicen puedan ser una referencia en el ámbito jurídico y empresarial.

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