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SEPARACIÓN DE SOCIOS…

Escrito el 14 marzo 2011 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

El derecho de separación de socios de una sociedad de responsabilidad limitada en caso de sustitución de l objeto social es, ya hoy, un tema más claro.

Hasta julio de 2010 sobre el derecho reconocido en el artículo 95.a de la anterior Ley 2/1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada existían opiniones contradictorias. Ese artículo reconocía, como lo hace hoy el art. 346 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho a separase de la sociedad de los socios que no hayan votado a favor dedeterminados acuerdos sociales. En concreto, en el caso que tratamos hoy, cuando se debata sobre la “sustición del objeto social“. Lo que se enetiende por “sustitución” del objeto social es lo que ha dado lugar a un debate que puede tener los días contados tras la sentencia número 438/2010 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 30 de junio. Hasta ese momento, gran parte de la doctrina ha venido entendiendo que se trata de la entera o completa sustitución del objeto social de una empresa que ponga de manifiesto un cambio de actividades que ponen en riesgo potencial a los socios. Para otro sector doctrinal, la interprestación del término “sustitución” debe ser más extensa y podría caber en este supuesto un cambio de objeto social sin más.

Este debate doctrinal ha producido muchos pleitos al respecto y, en definitiva, eran los Tribunales los que decidían el alcance concreto del término “sustitución” en este caso.

Si bien hay que esperar a que el Tribunal Supremo confirme esta postura en posteriores casos, la sentencia que hoy quiero traeros a este blog se dicta en el caso de la compañía Borras, S.L. que, en determinado momento, añadío otras actividades a su objeto social. En concreto, esta mercantil tenía como objeto social primitivo “(…) la fabricación de chocolates y derivados del cacao, tales como bombones y caramelos, mantecas, chocolatinas y pastas de cacao; la fabricación de galletas de todas clases; la fabricación elaboración y transformación de productos alimenticios en general, las ventas de los anteriores artículos al por mayor y al detalle, en España y en el extranjero; y, en general, la importación, venta y exportación de dichos artículos ya elaborados, de las materias primas para su fabricación y de cualesquiera otras materias, mercaderías y productos alimenticios.

El objeto social modifcado es además de lo establecido anteriormente:  ” 2. La producción de actividades agrícolas y de comercio al por mayor y al detalle de frutas, verduras y hortalizas; sus derivados y complementos e, incluso, las conservas de estos productos; las explotaciones hortofrutícolas mediante la compra, venta y arrendamiento y explotación de toda clase de terrenos e instalaciones, granjas, fincas rústicas, etc.; la producción, comercialización y distribución de toda clase de productos agrícolas y hortofrutícolas, todo ello tanto en España como en el extranjero. 3. La dedicación a la actividad extractiva pesquera, así como la comercialización de productos alimentarios del mar. Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo “.

Ante esta modificación el demandante alega que “era una sociedad casi exclusivamente familiar, integrada por cinco socios, que se había dedicado desde su constitución, en el año mil novecientos cincuenta y seis, a la fabricación en Ceuta de productos compuestos de chocolate, así como a su venta”.

Pues bien, el Tribunal Supremo concluye que la “sustitución” del objeto social no debe ser estimada en términos absolutos sino relativos. En concreto establece que “- al margen de los supuestos patológicos de las modificaciones estatutarias diseñadas para eludir el derecho de separación del socio disidente, mediante el expediente de mantener en los estatutos el objeto social originario para dar la falsa apariencia de una mera adición objetiva – la sustitución no debe ser calificada desde una visión absoluta – conforme a la que sólo sería admisible el derecho de separación cuando aquella fuera total, esto es, con reemplazo en el texto estatutario de una actividad por otra -, sino relativa, atendiendo como razón identificadora del objeto social a la sustancia del mismo que permite definirlo como tipo, poniéndola en relación con el fin de la norma, que no es otro que respetar la voluntad del socio que ingresó en una sociedad que explotaba un determinado negocio, admitiendo que condicione su permanencia a la de la finalidad objetiva que fue la base de su relación con aquella.

No habrá, pues, sustitución cuando la modificación, por adición o supresión, resulte intrascendente desde aquel punto de vista y, menos, en los casos de mera concreción o especificación de las actividades descritas en los estatutos, a los que se ha referido en numerosas ocasiones la Dirección General de los Registros y del Notariado – resoluciones de 17 de febrero y 8 de junio de 1.992, 18 de agosto y 11 de noviembre de 1.993… -, pero sí cuando se produzca una mutación de los presupuestos objetivamente determinantes de la adhesión del socio a la sociedad, como consecuencia de una transformación sustancial del objeto de la misma que lo convierta en una realidad jurídica o económica distinta: caso de la eliminación de actividades esenciales, con mantenimiento de las secundarias; o de la adición de otras que, por su importancia económica, vayan a dar lugar a que una parte importante del patrimonio social tenga un destino distinto del previsto en los estatutos…”

En espera de futuras confirmaciones debemos concluir que el límite para saber si existe sustitución o mero cambio de objeto social es el que la realidad jurídica o económica, a la que se ligó el socio disidente, sea la misma o haya cambiado como consecuencia de la inserc ión de nuevas actividades en el objeto social y de la mutación de los presupuestos objetivamente determinantes para la adhesión del socio.

 

Comentarios

Pablo Azaustre 16 marzo 2011 - 23:09

Estimada Pilar,
Estimados todos,

Entiendo que la sentencia que nos presentasviene a ser consciente de la inexpecifidad de los objetos sociales establecidos en los contratos sociales. Es decir, si se viniese exigiendo el establecimiento en la escritura de constitución de un objeto social delimitadoperfectamente, nada indeterminado y ambiguo y totalemnte concreto, la voluntad del socio raramente se vería vulnerada por el devenir posterior de las actividades de la sociedad. Sin embargo, entiendo, que el fracaso del establecimiento de objetos sociales específicos ha hecho tomar al juzgador estudiar el grado de coincidencia del objeto que el socio entendía para la sociedad y el que realmente ocurre.
Siempre he sido muy reacio a objetos sociales excesivamente generales, comprendo que se impongan así por la lógica comercial, que unos días te tienen en un sector y luego en otro, pero esto, al fin y al cabo, merma la seguridad jurídica, no solo del socio, sino también de terceros, o ¿caso es igual fabricar chocolates que invertir en grandes infraestructuras de tratamiento agricola?
El Supremo debe bajar y analizar algo tan importante como la affectio societatis del socio, y esta Sentencia es un buen precedente para ello.

Un abrazo enorme y enhorabuena porque me parece bastante interesante.

Pablo Azaustre Ruiz

José Antonio Iglesias Puerto 17 marzo 2011 - 11:26

El derecho de exclusión del socio actúa como espada de Damocles en los casos en los que pretendemos renovar los estatutos de sociedades antiguas en las que, entre otras cosas, su objeto social no se corresponde con la realidad de la sociedad.

Desde mi experiencia, lo normal es que la sociedad realice actividades sin reparar en ningún momento cual es el alcance de su objeto social, llevando a cabo, como actividad ordinaria de la misma, actuaciones que claramente se encuentran totalmente fuera del desarrollo del objeto social. Lo habitual es que estas actividades no incluidas en el objeto social sean consentidas por la totalidad de los socios, o incluso, la decisión de realizarlas sea por unanimidad junta general (formalmente constituida o como voluntad unánime de todos los socios) o de los propios administradores que a la vez son socios de la sociedad.

Ante la situación descrita, puede plantearse el supuesto de que decidamos actualizar el objeto social para que se adecúe a la realidad, a la actividad real que se viene desempeñando por la sociedad, consentida por todos los socios de la misma, y, que de conformidad, ex. art. 246 LSC uno de los socios solicite su separación de la sociedad. Pero podría darse el supuesto de que el propio socio que ejercita su derecho de separación fuera, o hubiera sido, administrador de la sociedad y la decisión de que la sociedad realizara la actividad que ahora se pretende incluir en el objeto social fuera realizada por él mismo, ¿cabría en estos casos el ejercicio del derecho de separación?

Si bien los ejemplos antes planteados son extremos, entiendo que ilustran la cuestión que quiero plantear: la no extensión de la calificación de la sustitución del objeto social a supuestos en los que formalmente puede parecer una sustitución del mismo aunque en realidad lo que supone es adaptar los estatutos a la realidad social consentida por todos los socios. Entiendo que el art. 7 CC fundamenta esta interpretación, dado que cualquier otra actuación sería contraria a la buena fe y ejercida con abuso de derecho.

Si bien es una situación que deberá ser resuelta en cada caso concreto, de conformidad con las peculiaridades del mismo, entiendo que la interpretación que demos al término “sustitución” debe tener en consideración la realidad social y como se ha desarrollado la vida de la sociedad y las actuaciones de los socios hasta ese momento.

Pablo Azaustre 17 marzo 2011 - 21:57

Estimada Pilar,
Estimado compañero José Antonio,
Estimados todos,

Mágnifica apreciación José Antonio, derecho de separación y teoría de los actos propios no? Deber de los administradores y conflicto con sus derechos como socio también no?

Creo que es muy interesante pararse a estudiar esto. El administrador tiene obligaciones de refrendar registralmente la verdadera esencial social de la mercantil, en cuanto a su objeto se refiere y, ésto, quizás, haga surgir su derecho de separación ex 346.1 a LSC -separación por sustitución de objeto social-. Puede ser que sea el propio administrador el que haya llevado a la mercantil por esos derroteros negociales, pero eso no hace que no le perjudique a él como socio. Imaginemos que la empresa era de fabricante de chocolates, y ahora se dedica a hacer casas, y el socio era experto en cacao y no en ladrillos, es posible que la empresa ahora con el tema de los ladrillos gane más dinero -mal ejemplo he puesto en estos tiempos- pero que, sin embargo, él, como socio, al ser experto en cacao sea perjudicado con el cambio de objeto. Con lo que el derecho a separación seguiría concurriendo.

Cosa diferente, buen amigo, sería sí, el administrador utilizase el cambio de objeto social para irse de rositas de la mercantil, es decir, en fraude de ley, con una artimaña torticera propia de un escaso sentido de la dignidad -me ha venido la vena renacentista-, en ese caso, estariamos sin duda en un fraude de ley, y por tanto, creo que no debería surguir su derecho de separación.

Viendo un poco la jurisprudencia sobre actos propios y derecho de separación, debemos ser restrictivos en nuestra aplicaión de la primera, a saber, tenemos la STS 1985/143, de 18 de enero, que no considera acto propio una sola acción contraria a su sentir.

Esto es todo, lo cierto es que siendo puristas al tenor literal del primer párrafo del 346, habla de socios que NO hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo, pero no por ello debemos olvidar todas las actividades de los administradores en pro del devenir de la actividad social.

Un abrazo a todos y buenas noches¡¡¡

José Antonio Iglesias 18 marzo 2011 - 13:09

Querido Pablo, en este tema discrepo de tu planteamiento. Con fundamento en la buena fe, el abuso de derecho, y como muy bien comentabas los actos propios de los socios, entiendo que hay que moderar y flexibilizar la aplicación del derecho de separación del art. 346 LSC.
En el supuesto que comentábamos, del administrador-socio que ha decidido que la sociedad se dedique a un nuevo social con el consentimiento de la Junta, o incluso el simple socio que lo ha consentido durante un largo plazo de tiempo, tomando incluso decisiones de Junta en este sentido, entiendo que no puede permitírsele separarse de la sociedad por que en los estatutos de la misma se reconozca la realidad de la vida de la sociedad. Estaríamos premiando que la sociedad siguiera realizando actividades que no se encuentran en su objeto social, frente al cumplimiento de la ley y la adecuación estatutaria a la realidad social.
En el ejemplo que señalabas, si el socio-administrador era experto en cacao y lleva cinco años construyendo casas y no ha hecho ningún dulce, aunque los estatutos pongan que la sociedad se dedica a la producción de dulces de cacao la realidad es otra totalmente distinta, la sociedad se dedica a la construcción, por lo que la modificación de los estatutos en este sentido no puede dar lugar a que se le otorgue un derecho de separación a un socio que es causante directo que la actividad de la sociedad sea esa.
No he encontrado jurisprudencia que acoja mi planteamiento, pero entiendo que debe ser una interpretación que se acepte, ya que comentaba atentaría contra el principio de buena fe, abuso del derecho y, como bien decías, actos propios. Entiendo que no puede prevalecer una interpretación formalista de los estatutos, frente a la voluntad existente de los socios de que el objeto social real de la compañía sea otro.
Un abrazo

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