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Seguimos con el objeto social…

Escrito el 30 enero 2012 por Pilar Galeote en Derecho y RSC

Como han comentado algunos de nuestros blogueros y sin perjuicio de si es o no adecuado, como bien dice José Ángel, la verdad es que se admite… y vamos ahora con otra expresión que puede aparecer en la cláusula del objeto social de un sociedad… “actividades profesionales”
¿Se admite? y ¿el hecho de que se incluya implica que la sociedad es ya una sociedad porfesional? Opiniones!

Comentarios

José Antonio Iglesias Puerto 30 enero 2012 - 13:32

En mi querida Salamanca existe una calle que se llama “Calle de Adela Lastra”, ¿Quién era esta mujer tan famosa que mereció tener una calle en la mismísima cuna de la cultura española? Pues os resumo la Historia: En Salamanca existía una arrollo que se denominaba “Arrollo de la Lastra”, de forma que a la calle por donde pasaba se llamó “Calle del Arrollo de la Lastra”. Con el paso del tiempo, hubo que cambiar el cartel de la calle, y como se iba reduciendo el tamaño de los carteles se intentó ahorrar espacio escribiendo “Calle A. de la Lastra”. En el siguiente cambio de cartel, alguien omitió el punto, “Calle A de la Lastra”, y en el siguiente se unieron las primeras palabras dando nombre a la calle actual “Calle Adela Lastra”.
Os cuento esto, porque tengo la sensación que está ocurriendo lo mismo con la desafortunada y desgraciadamente aprobada Orden del Ministerio de Justicia citada. Me temo que o bien el que redactó la clausula de estatutos relativa al objeto social era desconocedor del derecho de sociedades o simplemente intentó hacer referencia a qué debía ponerse, es decir, cuando se habla del objeto social hay que hacer referencia a la actividad a que se dedica la sociedad, indicando a que actividades del “comercio al por mayor” o qué tipo de “actividades profesionales”. Las RDGRN, 14 de diciembre de 2011, sienta el mismo criterio para la expresión actividades profesionales” que para el “comercio al por mayor”, y la declara válida, en mi opinión una nueva atrocidad.
Si nos fijamos en el art. 8 de los estatutos modelo se recoge como modo de organizar la administración de la sociedad un solo administrador, varios solidarios, o dos mancomunados ¿interpretará la DGRN que de conformidad con la orden ministerial no puede nombrarse Consejo de Administración en una Sociedad Limitada? ¿Interpretará que es obligatoria que consten siempre estas tres formas de organizar el órgano de administración en los estatutos?
Si, como ya indicaba, me parece cuestionable que la DGRN base su decisión en una Orden Ministerial “contra lege”, mucho me temo que está incorporando a nuestro ordenamiento jurídico una interpretación propia de nuestra querida “Adela Lastra”. Lo que pasó por ser un simple ejemplo que aparecía en un simple anexo de una triste orden ministerial ha modificado la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil.
Respecto de la pregunta de si porque se incluya esa mención es una sociedad profesional, comparto totalmente el criterio de la DGRN, de forma que, para que sea considerada sociedad profesional, no basta con la inclusión de esta mención en el objeto social ni que preste servicios profesionales sino que la calificación de la sociedad como profesional o no dependerá que la misma cumpla los requisitos exigido por la Ley de Sociedades Profesionales.

José Ángel Novo 1 febrero 2012 - 23:25

Pilar, siguiendo con el tema del objeto social, con respecto a la inclusión de la expresión “actividades profesionales” como objeto social, si me permites, una vez más me guardaré mi opinión personal sobre este asunto pero, continuando la línea expuesta en mi intervención de la semana pasada, entiendo que, el razonamiento que hace la DGRN en su resolución de fecha 5 de Septiembre de 2.011 a la que hice referencia, es igualmente aplicable a este caso y, por tanto, tiene que aceptarse su inscripción ya que la expresión “actividades profesionales” como objeto social se encuentra recogida actualmente en el nº 4 del art 2 del Anexo I de la Orden del Ministerio de Justicia de 9 de Diciembre de 2.010, por la que se aprueban los estatutos-tipo de las sociedades de responsabilidad limitada que es desarrollo, Orden que es desarrollo del Real Decreto Ley 13/2010 de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo debe admitirse dicha expresión por los mismos motivos que expuse.

Con respecto a si debe considerarse una sociedad como profesional por el hecho de que incluya en su objeto social tal expresión cabe decir que la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de fecha 5 de Abril de 2.011 publicada en el BOE de 17 de Mayo de 2.011 ha resuelto sobre este punto.

Como establece el artículo 1.1 de la Ley de Sociedades Profesionales, las sociedades que deberán constituirse como sociedades profesionales en los términos de dicha Ley son aquéllas que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional; y para que se entienda que hay ejercicio en común de dicha actividad profesional es necesario que los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente

Ahora bien, para que exista sociedad profesional no es suficiente que tenga por objeto una actividad profesional en el sentido expresado (actividad para cuyo ejercicio se exija la titulación y colegiación referidas) y que se realice en nombre de la sociedad imputándose a ella la titularidad de la relación jurídica establecida con el cliente, sino que se requiere además determinada composición subjetiva profesional con la correspondiente realización de actividad por sus socios profesionales.

Así resulta de una interpretación sistemática y teleológica de la Ley, especialmente respecto del requisito de ejercicio en común de la actividad profesional, como ejercicio colectivo de la profesión de que se trate.
En efecto, según el artículo 4.2 de la Ley 2/2007, «Como mínimo, la mayoría del capital y de los derechos de voto,… habrán de pertenecer a socios profesionales» (igualmente, se encomienda a los socios profesionales el control de la gestión –vid. apartado 3 del mismo artículo–).

De estas normas, entre otras de la misma Ley (cfr. los artículos 6.2, 7.1.b), 8.2.d), 13, 17.2), resulta que en el diseño legal de la figura no hay sociedad profesional sin socios profesionales que realicen su actividad para la misma, es decir, sin «Las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad profesional que constituye el objeto social y que la ejerzan en el seno de la misma» la mera inclusión en el objeto social de actividades profesionales, faltando los demás requisitos o presupuestos tipológicos imprescindibles de la figura societaria profesional, no puede ser considerada como obstativa de la inscripción (cfr., por ejemplo, la referencia a «actividades profesionales» admitida en el artículo 2.4 de los Estatutos–tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre).

Por tanto, a la vista de lo expuesto, por el sólo hecho de que se incluya la expresión “actividades profesionales” como objeto social de una sociedad no podemos considerar que se trate de una sociedad profesional, ya que no hay sociedad profesional sin socios profesionales que realicen su actividad para la misma.

José Antonio Iglesias Puerto 2 febrero 2012 - 09:39

José Angel, respecto a tu comentario sobre la RDGRN me gustaría lanzar una pregunta para que todos reflexionáramos ¿puede una Orden Ministerial modificar lo establecido mediante ley o reglamento? Dicho de otra forma ¿puede un Anexo de una Orden Ministerial alterar lo dispuesto en la LSC y en el RRM sobre la delimitación del Objeto social?

José Ángel Novo 5 febrero 2012 - 23:37

Con respecto a la cuestión que planteas, José Antonio, todos sabemos la prelación jerárquica normativa que establece nuestro ordenamiento jurídico.

Yo creo que la cuestión no es que una Orden Ministerial modifique lo establecido en una ley o en el reglamento; la cuestión es que la Dirección General de Registros y del Notariado ya ha resuelto a favor de la inscripción de dichas clausulas y sus resoluciones han sido fundadas en dicha Orden Ministerial y en doctrina anterior de la Dirección General de Registros y del Notariado que establece que únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una fórmula onmicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, pero no existirá esta indeterminación si a través de términos concretos y definidos se señala una actividad de carácter general.

Insisto, podremos estar más o menos de acuerdo con dichas resoluciones, de hecho, yo no he manifestado mi opinión personal en ninguna de mis intervenciones, pero a día de hoy, lo único cierto es que se están admitiendo.

José Antonio Iglesias Puerto 9 febrero 2012 - 11:52

Que la DGRN admita la cláusula no significa que sea correcto, ni que esa admisión “libere” a la sociedad o a sus administradores de posibles efectos futuros de la nulidad de la mencionada cláusula. Quizá esté muy “jerárquico”, pero la doctrina de la DGRN no crea jurisprudencia ni vincula a los juzgados y tribunales, de forma que lo que ahora es aprobado por la DGRN puede que mañana sea calificado por un Juzgado de lo Mercantil, la Audiencia Provincial o el propio Tribunal Supremo como contario a derecho. Éste es el punto donde entiendo que tiene importancia nuestro asesoramiento a nuestros clientes y por lo que me parece importante discutir sobre la legitimidad de esta cláusula, recomendar esa redacción puede traer consecuencias importantes para la sociedad.
Que la DGRN lo admite es un hecho; que esa admisión puede tener unas consecuencias indeseadas para las sociedades que asesoramos en caso de una reclamación concreta de acreedores o socios, en mi opinión, también es un hecho, y, como indicaba, esos riesgos son los que debemos saber identificar e informar a nuestros clientes. No sirve con reconocer que la DGRN lo admite, lo importante, según mi opinión, es saber cuáles pueden ser las posibles consecuencias de esa inclusión.
Ante la situación que indicaba me surgen dos preguntas ¿beneficia o perjudica esa cláusula a los administradores y socios de la sociedad? ¿Qué efectos tendría la incorporación de esa cláusula en los estatutos sociales?

Juan José Blanco http://www.accionlegal.net 10 febrero 2012 - 13:00

Respecto a la cuestión planteada por José Antonio, mi duda es si una orden ministerial puede vincular a un particular. Yo siempre he entendido que las OM sólamente vinculan a los funcionarios adscritos a ese ministerio y nunca al administrado, Si encima la podemos considerar contra legem, mejor no hablar.

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