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SECRETO (A VOCES) DEL SUMARIO

Escrito el 22 marzo 2012 por Juan Carlos Olarra en Derecho y RSC

El Ministro de Justicia ha anunciado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo al secreto del sumario (o de las actuaciones, en el procedimiento abreviado), cuyos dos elementos novedosos son la limitación temporal, con un máximo de un mes, y el desarrollo de una serie de medidas para evitar las filtraciones.

En cuanto al primero de los aspectos, no podemos sino alabar la iniciativa del ministro (en el que se adivina también al fiscal en excedencia) y, si acaso, considerar aún excesivo el período de un mes. El secreto sumarial, en cuanto afecta a los propios imputados, supone una anomalía con grave vulneración del derecho a la defensa que solo un juicio severo y particularizado en el que se estime la prevalencia de otro derecho digno de mejor tutela, puede justificar, siempre con carácter excepcional. Que alguien pueda ser objeto de persecución penal durante un mes sin saber el desarrollo de las actuaciones encaminadas a incriminarle y sin poder desarrollar paralelamente las que convienen a su defensa o descargo debería ser objeto de preocupación seria para todos los que apreciamos vivir en un sistema donde las libertades se dicen garantizadas. En todo caso resulta preocupante que se deje abierta la puerta a que no opere el límite en casos “absolutamente excepcionales”, ya que lo excepcional es la suspensión del derecho a la defensa que el secreto implica.

En lo referente al segundo, mucho nos tememos que es obra únicamente del político en estado puro, sin ayuda alguna del jurista que lleva dentro. El ministro ha explicado en una entrevista en Antena 3 Televisión que “en aquellos casos en los que se acredite la identidad de qué personas han procedido a revelar el secreto de sumario se aplicará un sistema severo de sanciones administrativas”. En este sentido, una de las prioridades de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la que se está preparando un primer borrador por parte de una comisión, será al parecer la de crear un sistema de sanciones “severo” para castigar a los responsables de las filtraciones. Parece que el Sr. Ruiz Gallardón cree haber descubierto los calentapiés y nadie le ha explicado que ya se habían inventado con el nombre de calcetines. La legislación vigente contempla ya como infracción penal y administrativa la vulneración del secreto del sumario. La razón por la que (suponemos) no se aplican muchas sanciones por esa conducta es precisamente la dificultad para acreditar la identidad de las personas que han procedido a revelar el secreto. No son precisas nuevas sanciones (y menos aún administrativas) sino verdadero interés en prevenir las filtraciones.

Hay que reconocer que no es tarea fácil, ya que el ordenamiento español está repleto de disposiciones que imponen el deber de sigilo (deliberaciones del consejo de ministros, de los organismos oficiales, de los tribunales de justicia, del tribunal constitucional…) y en cambio tenemos cumplida y detallada información a diario en la prensa de tales contenidos secretos, con pelos, señales y entrecomillados. Lo paradójico es que todas esas violaciones del deber de secreto se basan a su vez en otra obligación de confidencialidad legalmente protegida, que es la del periodista respecto de sus fuentes. Ya se sabe que un secreto solo se rompe con la promesa de que dicha quiebra quedará a su vez en secreto.

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